A partir del 6 de agosto se comenzará a tratar en el Congreso un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de una iniciativa valiosa, ya que la propiedad privada constituye uno de los pilares de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica y de cualquier economía.
Precisamente por eso, el verdadero problema no reside en lo que el Congreso discutirá, sino en aquello que volverá a quedar fuera del debate.
Mientras la dirigencia argentina continúa concentrada en categorías propias del siglo pasado, el resto del mundo ya compite bajo reglas muy diferentes. Las grandes potencias siguen fortaleciendo sus capacidades militares, pero saben que el poder del siglo XXI también se disputa en otros terrenos: la energía, los minerales críticos, las rutas comerciales, los datos, la inteligencia artificial, las comunicaciones satelitales y las infraestructuras estratégicas.
Durante buena parte de la historia, la soberanía se defendía ocupando territorios y protegiendo fronteras. Esa realidad no ha desaparecido. Las guerras en Ucrania y en Medio Oriente demuestran que el poder militar continúa siendo un componente esencial de las relaciones internacionales, pero ya no es suficiente.
Hoy un país puede comenzar a perder autonomía sin que un solo soldado cruce sus fronteras. Basta con que deje de controlar los recursos, las infraestructuras o las tecnologías sobre las cuales descansará su desarrollo futuro.
Las principales democracias comprendieron hace tiempo ese cambio. Promueven la inversión privada, garantizan la seguridad jurídica y mantienen economías abiertas, pero simultáneamente, fortalecen los mecanismos destinados a proteger aquellos sectores cuya pérdida de control podría comprometer su seguridad nacional.
No consideran incompatibles ambas políticas, entienden que la inversión genera crecimiento y que la estrategia preserva soberanía.
Argentina todavía discute esas cuestiones como si fueran alternativas excluyentes.
Nuestro país constituye un caso singular. Pocos países reúnen simultáneamente una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del planeta, enormes yacimientos de litio y cobre, una posición geopolítica privilegiada sobre el Atlántico Sur y la Antártida, una de las principales reservas de agua dulce, capacidad agroalimentaria para abastecer a cientos de millones de personas, desarrollo nuclear, tecnología satelital y un sistema científico capaz de generar innovación de alto valor.
El problema no es la falta de recursos sino la ausencia de una estrategia nacional que los conciba como parte de un mismo patrimonio estratégico.
El Atlántico Sur no representa únicamente una inmensa riqueza pesquera. Constituye una plataforma de proyección hacia la Antártida, un espacio donde convergen rutas marítimas, recursos naturales, intereses científicos y crecientes disputas geopolíticas. La Hidrovía Paraná-Paraguay no es simplemente un canal para exportar granos. Es la principal arteria logística del Cono Sur y uno de los ejes sobre los que descansa buena parte de la competitividad de nuestra economía.
Vaca Muerta tampoco debería analizarse exclusivamente como un yacimiento de hidrocarburos. Puede convertirse en uno de los principales factores de transformación económica de la Argentina. Lo mismo ocurre con el litio, el cobre y otros minerales críticos, indispensables para la transición energética, la electromovilidad y las industrias tecnológicas que dominarán las próximas décadas.
Analizados por separado, todos ellos parecen pertenecer a agendas diferentes, integrados en una misma visión, revelan algo mucho más importante: constituyen los pilares sobre los que se apoyará el poder relativo de la Argentina durante buena parte del siglo XXI, sin embargo seguimos administrándolos como compartimentos estancos.
Cada área responde a una lógica distinta. Cada organismo trabaja sobre su propio sector. Cada gobierno redefine prioridades. Lo que rara vez aparece es una visión nacional capaz de integrar energía, minería, infraestructura, ciencia, tecnología, defensa, política exterior y desarrollo económico dentro de una misma estrategia.
La historia demuestra que los países rara vez pierden soberanía de un día para otro, generalmente sucede de manera gradual, mediante una sucesión de medidas legales, legítimas e incluso bien intencionadas, adoptadas sin visión estratégica del largo plazo.
Por eso el verdadero desafío argentino no consiste solamente en sancionar una buena ley sobre la propiedad privada. Consiste en asumir que la protección de los activos estratégicos debe transformarse en una política de Estado, sostenida en el tiempo y ajena a las alternancias políticas.
La dirigencia argentina haría bien en comprenderlo.
Porque las naciones no sólo pierden soberanía cuando un ejército extranjero atraviesa sus fronteras, también pueden perderla cuando, por falta de visión estratégica, dejan de ejercer el control sobre aquello que garantiza su libertad de decisión.
Y esa forma de renunciar a la soberanía suele ser mucho más silenciosa, pero no por ello menos irreversible.
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