Después del discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de la Rural de Palermo, el domingo, quedó la sensación de que estamos bastante bien. Pero “bastante” es un adverbio de cantidad, que linealmente significa abundancia, y también deja un regusto de faltante.
Y sí, faltan cosas. Más allá de la cuestión de las retenciones, que ya sabemos que son un robo, pero el poncho no aparece. Paciencia pidió Milei, y paciencia se le ha dado. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer mientras tanto. Repasemos, por ejemplo, los regímenes de incentivos a las inversiones.
En las últimas semanas, vimos cinco anuncios de inversión por más de 6.000 millones de dólares, que muestran que la agroindustria vuelve a apostar por la Argentina. Plantas aceiteras, fertilizantes y nuevas cadenas de valor revelan una renovada confianza en el potencial exportador.
Tres corresponden a la industrialización de granos. Aceitera General Deheza (AGD) y Bunge ampliarán el complejo Terminal 6, en Puerto General San Martín. Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construirán una nueva planta de crushing en Timbúes. Louis Dreyfus Company levantará en Bahía Blanca una moderna planta para procesar girasol, soja, colza y camelina, integrando producción de alimentos, aceites y materias primas para biocombustibles.
Las otras dos corresponden a las plantas de urea de Bahía Blanca, el hub de transformación del gas de Vaca Muerta. Adecoagro compró Profértil en diciembre y de inmediato anunció la duplicación de su capacidad. Ahora, Pampa Energía anuncia otra megaplanta, de 2 millones de toneladas, que permitirá generar exportaciones por 1500 millones de dólares anuales, además de lo que puede embarcarse convirtiendo esa urea en maíz, trigo y girasol.
Es la agroindustria funcionando como un sistema integrado. En este escenario, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como un instrumento relevante. La previsibilidad tributaria, cambiaria y regulatoria resulta indispensable cuando se trata de inversiones que demandan cientos o miles de millones de dólares y cuyos retornos se proyectan durante décadas. Varios de estos proyectos ya recurrieron al régimen o analizan hacerlo.
Pero precisamente cuando comienzan a llegar las grandes inversiones aparece un nuevo debate. ¿Qué ocurre con la enorme cantidad de empresas agroindustriales que también invierten, aunque en una escala menor? Ese es el planteo que empieza a abrirse paso en el Congreso. La senadora nacional Carolina Losada acaba de presentar al Consejo Agroindustrial un proyecto para cubrir el vacío existente entre el RIGI, pensado para megaproyectos, y el RIMI, orientado a pequeñas y medianas empresas. El objetivo es incorporar a una verdadera "clase media" de la inversión productiva. Se suma al proyecto de ley que había presentado el senador correntino Eduardo Vischi, que va en la misma dirección.
Buena parte de la agroindustria argentina está formada precisamente por empresas que desarrollan proyectos de entre 20 y 150 millones de dólares. No son multinacionales gigantescas, pero tampoco califican como pymes. Tienen un enorme impacto en el desarrollo del interior y en particular, en el empleo.
Son las que construyen modernas plantas de alimentos balanceados; amplían tambos robotizados integrados con fábricas de quesos; desarrollan criaderos de cerdos, pollos o peces; levantan establecimientos de acuacultura; implantan olivares y plantas elaboradoras de aceite de oliva o pistachos, con muy lenta maduración; construyen feedlots vinculados a plantas de etanol; incorporan sistemas de riego para transformar regiones semiáridas en polos productores de proteínas animales; instalan fábricas de biodiésel, bioetanol o biogás; agregan valor en economías regionales que constituyen el verdadero tejido industrial del interior.
Son inversiones menos espectaculares que una planta de crushing o una fábrica de urea, pero probablemente expliquen una proporción mucho mayor del empleo directo e indirecto, del arraigo territorial y del desarrollo de proveedores locales. Allí trabajan ingenieros, veterinarios, técnicos, operarios especializados, transportistas, contratistas y cientos de pequeñas empresas que forman parte del ecosistema agroindustrial.
La buena noticia es que la Argentina volvió a hablar de inversiones productivas de gran escala. El desafío ahora es lograr que también lo recorra esa inmensa clase media de la agroindustria, porque allí puede estar la verdadera clave para un desarrollo más equilibrado, federal y sostenible.
El RIGI aparece como una herramienta útil, pero no como el protagonista. El protagonista es la agroindustria argentina y la necesidad de que toda su cadena de valor encuentre las condiciones para invertir, desde las grandes multinacionales hasta las empresas medianas de las economías regionales. Y pavimentar la autopista de la Segunda Revolución de las Pampas.
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