La administración del presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial en su intento por modificar las reglas del voto por correo en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este sábado el pedido del gobierno para dejar sin efecto una medida cautelar que mantiene suspendidas las principales disposiciones de una orden ejecutiva destinada a endurecer los controles sobre este sistema de votación en 23 estados.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, que resolvió por dos votos contra uno mantener vigente el fallo emitido el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. Esa resolución había bloqueado la aplicación de varios aspectos de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, al considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y podía vulnerar competencias reservadas a los estados por la Constitución.
El Departamento de Justicia había solicitado que la medida cautelar fuera suspendida mientras continúa el proceso de apelación. Según el gobierno, la demanda presentada por un grupo de estados era prematura porque las agencias federales todavía no habían terminado de elaborar las normas necesarias para implementar la orden presidencial.
Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó ese argumento.
En su decisión, los jueces señalaron que la orden ejecutiva establecía plazos concretos y muy próximos para que los estados coordinaran acciones con las autoridades federales y adaptaran sus procedimientos electorales antes de las elecciones de septiembre y noviembre.
Según el fallo, los estados demandantes no podían esperar a que las nuevas reglas comenzaran a aplicarse, ya que debían prepararse con anticipación para organizar los comicios y comunicar los cambios tanto a las autoridades electorales como a los votantes.
Qué buscaba cambiar la orden de Trump
Según el fallo, los estados demandantes no podían esperar a que las nuevas reglas comenzaran a aplicarse. Foto: AP/Evan Vucci
La orden ejecutiva fue firmada por Trump en marzo, en el marco de una serie de iniciativas impulsadas por su administración para reformar el sistema electoral estadounidense.
Desde hace años, el presidente sostiene que el voto por correo requiere controles más estrictos y continúa afirmando, sin pruebas, que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron afectadas por un fraude generalizado.
Entre otras medidas, la orden instruía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses habilitados para votar utilizando registros federales de ciudadanía y naturalización.
También ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar boletas electorales únicamente a los votantes incluidos en las listas oficiales de voto por correo aprobadas por cada estado.
Además, disponía que el Departamento de Justicia priorizara las investigaciones y posibles acciones penales contra funcionarios electorales estatales y locales que entregaran boletas federales a personas consideradas no elegibles para votar.
Los estados cuestionan la autoridad del gobierno federal
La demanda fue presentada por una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington.
Los fiscales generales sostuvieron que la Constitución asigna a los estados la administración de las elecciones federales y que el presidente no puede modificar ese esquema mediante una orden ejecutiva.
También ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar boletas electorales únicamente a los votantes incluidos en las listas oficiales de voto por correo aprobadas por cada estado. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Al conceder la medida cautelar en junio, la jueza Talwani concluyó que Trump carecía de autoridad para ordenar al Departamento de Seguridad Nacional elaborar registros de elegibilidad electoral destinados a ser utilizados por los estados.
También determinó que el Servicio Postal no cuenta con autorización legal para establecer regulaciones vinculantes sobre el funcionamiento del voto por correo.
Asimismo, consideró que algunas disposiciones de la orden podían interpretarse como un intento de presionar a los funcionarios electorales locales mediante la amenaza de investigaciones penales.
La disputa podría llegar a la Corte Suprema
El fallo del tribunal de apelaciones no resuelve el litigio de manera definitiva, pero mantiene bloqueadas las principales disposiciones de la orden mientras continúa el proceso judicial.
El Departamento de Justicia ya anticipó que, si no obtiene un fallo favorable en la apelación, podría solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La disputa forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para modificar el sistema electoral. Paralelamente, el gobierno impulsa en el Congreso el denominado Save America Act, un paquete legislativo que propone nuevas restricciones al proceso de votación y que también genera una fuerte controversia política.
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