El Departamento de Educación de Florida (DOE, por sus siglas en inglés) aprobó una norma según la cual los interesados en estudiar en los colegios universitarios (colleges) del estado o realizar programas de educación general para adultos deberán demostrar la ciudadanía estadounidense o la residencia legal. Aunque la disposición todavía no está firme, ya enfrenta el rechazo de varios sectores.
El 30 de junio, el Departamento estableció el nuevo requisito (“estándares mínimos para la admisión a las instituciones del Sistema Universitario de Florida”) para los 28 colleges, instituciones que operaban bajo un modelo de admisión abierta. La regla no incluye a las 12 universidades públicas de Florida.
Además, los "requisitos generales para el Programa de Educación General para Adultos", exige que los proveedores de educación establezcan políticas escritas para verificar que sus estudiantes son ciudadanos estadounidenses o que se encuentren de manera legal en el país, según informa WUSF.
Ese programa prepara a las personas adultas para el examen de Desarrollo Educativo General (GED, por sus siglas en inglés), que permite obtener la equivalencia de un diploma de escuela secundaria.
Una medida polémica, con apoyo de DeSantis
De todas formas, la norma todavía no está en vigor, porque, según las leyes estatales, existe un plazo de 20 días para presentar objeciones. Es probable que esto ocurra porque algunos legisladores demócratas ya lanzaron fuertes críticas.
La nueva norma dictada por el Departamento de Educación de Florida no incluye a las 12 universidades públicas de Florida. Foto: Archivo.
Pero el gobernador Ron DeSantis ya había expresado su apoyo a la junta que tomó la decisión. "Creo que lo que están haciendo es lo correcto, y creo que están dando prioridad a los estudiantes que crecen aquí, que asisten a nuestras escuelas, a los residentes de Florida”.
En tanto, la representante demócrata Anna Eskamani le dijo a WUSF que “el intento de restringir el acceso a la educación superior basándose en su estatus migratorio, del cual no tiene culpa alguna, es antiamericano, es una falta de lealtad y, sin duda, también es motivo de preocupación constitucional”.
Eskamani emitió un comunicado donde afirma que “estas normas contradicen la intención de la Legislatura y exceden la autoridad normativa del Departamento al añadir requisitos sobre el estatus migratorio que no figuran en las leyes vigentes".
El senador demócrata Carlos Guillermo Smith, miembro del Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos de la Legislatura, informó que habían enviado una carta al Departamento pidiendo explicaciones. En especial, si las normas cumplen con la Ley de Equidad Educativa, que prohíbe la discriminación por origen nacional y otras categorías protegidas en Florida.
Organizaciones, como Central Florida Public Media, expresaron su preocupación por la frase "presente legalmente", en la que se basan las normas. También se preguntan si estos cambios afectarían a los estudiantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Shakhea Hinton, directora de Hope CommUNITY Center, le dijo a WUSF: “Impedir que los estudiantes indocumentados asistan a la universidad, o privar a los estudiantes de secundaria de oportunidades como la doble matrícula, envía un mensaje peligroso: que algunos jóvenes merecen menos oportunidades simplemente por su estatus migratorio”.
El gobernador DeSantis firmó una ley que permite expulsar a estudiantes universitarios considerados "terroristas". Imagen: gobierno de Florida.
Cabe recordar que desde el 1 de julio de 2026 está en vigor la ley HB 1471 que permitirá expulsar a migrantes con visa de estudiante considerados promotores de organizaciones designadas como “terroristas”.
La ley que una persona comete un delito si se convierte voluntariamente en miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o el control del grupo con la intención prevista por la norma. Entonces, puede ser expulsada de una universidad pública.
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