La minería latinoamericana ya no compite solo por la calidad de sus yacimientos. Compite, cada vez más, por la capacidad de sostener una operación con energía confiable y continua. Chile y Argentina comparten cordillera, comparten el boom del cobre y el litio, y comparten el mismo problema de fondo: sus minas más importantes están lejos de la red eléctrica. Pero cada país encara el desafío de una manera completamente distinta.
Chile decidió invertir en una obra de transmisión de escala nacional: el Estado definió las metas, es decir la planificación energética 2023-2027 y el Plan de Expansión de la Transmisión 2025, y el sector privado lo ejecuta.
Argentina, mientras tanto, sigue sosteniendo buena parte de su minería de altura con generadores diésel (una de las formas más caras de generar energía), y cuando aparece una necesidad de red, termina siendo resuelta proyecto por proyecto, con una sola empresa minera pagando la ampliación a cambio de uso prioritario.
La respuesta chilena tiene nombre y cifras propias: Kimal-Lo Aguirre, la primera línea de transmisión de alta tensión en corriente continua de la historia del país trasandino. Conecta la subestación Kimal, en la comuna María Elena, en la Región de Antofagasta, con Lo Aguirre, en la comuna Pudahuel, en la Región Metropolitana: 1.346 kilómetros de extensión y una capacidad de hasta 3.000 MW.
En tanto, en Argentina no hay, hoy, un proyecto de transmisión equivalente al chileno en carpeta para las zonas mineras. El caso de Vicuña, en la provincia de San Juan, ilustra bien esa diferencia de escala y de método.
A diferencia del modelo chileno, aquí es la propia minera, el joint-venture entre la gigante minera BHP y la canadiense Lundin Mining con RIGI aprobado por US$ 9.712 millones, la que ofrece financiar la ampliación de la red de 132 kV a 500 kV entre las estaciones de las localidades de Nueva San Juan y Rodeo, a cambio de un uso prioritario sobre ella. Ese pedido fue resistido por otros proyectos que también van a demandar energía y por eso discutido en una audiencia pública en junio. Ahora, el ENReGE, el ente regulador, es quien tiene la potestad de dar el veredicto final sobre el caso.
La línea chilena, que requiere una inversión que ronda los US$ 1.480 millones y prevé su entrada en operación en 2029, atraviesa cinco regiones (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana) y 28 comunas, con 2.692 torres de alta tensión. La construcción arrancó a comienzos de este año por el consorcio Conexión Energía, compuesto en partes iguales por Transelec, ISA Interchile y la filial de China Southern Power Grid.
El objetivo es evacuar la energía renovable (solar, sobre todo), que hoy se genera en el norte y que muchas veces se vierte por falta de capacidad de transmisión, y llevarla hacia el centro del país, donde está concentrada la demanda minera e industrial.
Del otro lado de la cordillera, en las operaciones de altura en Argentina, la generación térmica diésel sigue siendo la base del suministro eléctrico. Las empresas van sumando solar y almacenamiento, pero como complemento, no como reemplazo. El consumo energético está entre los principales costos operativos del sector, justo cuando el litio y el cobre son los frentes de expansión más activos y requieren ampliar la capacidad de suministro.
El contraste chileno-argentino no es un caso aislado: es la versión más nítida de un problema que atraviesa a toda la minería latinoamericana. La distancia entre la mina y la red eléctrica es, según releva el estudio de la firma especialista en energía Aggreko, “La nueva ecuación de la minería en América Latina” (2026), el cuello de botella estructural común a la región. Lo que cambia es cómo cada país intenta resolverlo.
En el informe, elaborado a partir de 21 entrevistas a profesionales del sector en seis países, se describe a México con fuerte dependencia de hidrocarburos y gas importado desde Texas y con un nuevo plan en marcha que apunta al desarrollo fotovoltaico; a Ecuador con una matriz mayoritariamente hidroeléctrica, de baja huella de carbono, pero alta vulnerabilidad climática.
También, se describe el caso de Brasil, con distancias largas y logística precaria en la Amazonía. Allí, el programa “Energias de la Amazonía” busca sustituir diésel por renovables, mientras que en Minas Gerais el obstáculo es la densidad poblacional más que la distancia.
En tanto, en Perú, el desafío es tan social como energético, con expansión de líneas hacia zonas andinas y amazónicas vía el Plan de Transmisión 2023-2032, certificaciones renovables como la de la gran mina de cobre Las Bambas, y tensión adicional por la interacción con comunidades y áreas protegidas, y por la presencia de minería informal ligada a actividades ilícitas.
NE
Todavia no hay comentarios aprobados.