Un conflicto entre la legislatura y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) retiene 55 millones de dólares destinados a la agencia estatal. Los fondos iban a utilizarse en una base de datos que comparte información sobre conductores de todo el país.
Según un artículo de Cal Matters, la Asamblea y el Senado llegaron a un acuerdo para retener el dinero. Tanto el gobernador Gavin Newsom como el DMV quieren compartir la información de los conductores en el sistema State-to-State y la plataforma SPEX.
Estas herramientas informáticas permiten a los estados comprobar si hay licencias duplicadas y son operadas por la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA, por sus siglas en inglés).
Como el sistema registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social (SSN) y utiliza un marcador de posición como 99999 para las personas que no lo tienen, los opositores al plan dicen que podría identificar fácilmente a quienes carecen del número.
Cómo afecta a los migrantes ilegales
El problema radica en que en el estado vive alrededor de un millón de inmigrantes ilegales, muchos de los cuales carecen de SSN. Sus defensores afirman que la publicación de esta información pueda dejarlos vulnerables a la deportación si la información llega a manos de ICE o de CBP, las agencias encargadas de controlar la migración.
Cal Matters aclara que “los californianos pueden obtener una licencia de conducir estándar independientemente de su estatus migratorio según la ley AB-60, promulgada en 2014”. Sin embargo, el gobierno sostiene que el intercambio de datos es necesario para cumplir con la Ley Real ID de 2005.
El gobernador Newsom quiere cumplir con las normal Real ID. Foto: California DMV.
En junio, el Senado presentó su propuesta de presupuesto sin incluir los 55 millones para el DMV. La Legislatura tiene plazo hasta el 30 de junio para negociar los detalles del presupuesto con el gobernador Newsom.
De todas formas, la ausencia de los fondos no anularía por completo el plan del DMV. Los legisladores aún podrían reactivar la asignación mediante una ley complementaria o un proyecto de ley independiente. Pero esto podría impedir que el DMV reciba los fondos antes del 1 de julio, fecha indicada para comenzar a compartir los datos en las bases citadas.
Además de la financiación, el DMV necesita de un cambio en la legislación estatal, porque esta prohíbe compartir el número de Seguro Social durante la expedición de licencias de conducir.
Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project, asistió a las protestas contra el plan de intercambio de datos en las oficinas del DMV en San Francisco. Está de acuerdo con el hecho de que la legislatura haya decidido aplazar la financiación.
“En última instancia, el estado tendrá que tomar una decisión: o bien anular las promesas hechas en la ley AB-60, y pone en riesgo a los inmigrantes, o cumple con la Ley Real ID”, le dijo Hasbrouk a Cal Matters.
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