Hay palabras que, por su peso histórico y emocional, parecen clausurar cualquier discusión. “Soberanía” es una de ellas. En la Argentina, su sola invocación remite de inmediato a Malvinas, a los recursos naturales y a la defensa de intereses nacionales permanentes. Pero precisamente por esa fuerza simbólica, el Congreso debe extremar los controles cuando una iniciativa utiliza ese concepto para ampliar el poder estatal.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el Gobierno, ahora en revisión parlamentaria, no se limita a reafirmar derechos argentinos ni a mejorar la protección de bienes estratégicos. Diseña una arquitectura transversal que alcanza la defensa, la seguridad interior, la inteligencia, la economía y el derecho penal. Esa acumulación de materias bajo un mismo paraguas no fortalece necesariamente al Estado: también puede concentrar atribuciones, superponer competencias y reducir los contrapesos institucionales.
El primer problema es la vaguedad. Expresiones como “desinformación”, “manipulación de la opinión pública” o “amenaza a la seguridad nacional” pueden describir fenómenos reales, pero no alcanzan por sí solas la precisión exigible a una norma que habilita restricciones o sanciones penales. Cuando una ley no define con claridad qué conducta prohíbe, quién puede calificarla y qué daño concreto debe acreditarse, la frontera entre prevención y arbitrariedad queda en manos del gobierno de turno.
El segundo riesgo es institucional. Un Consejo de Seguridad Nacional con capacidad para identificar amenazas, coordinar respuestas y promover medidas urgentes puede terminar reuniendo funciones ejecutivas, regulatorias y cuasi judicial. La Constitución no prohíbe que el Estado actúe con eficacia; prohíbe que esa eficacia se construya a costa de la división de poderes, del control parlamentario o de la revisión judicial.
El tercer problema, es que afecta de modo directo al debate democrático. Informar, persuadir, investigar, recibir financiamiento lícito, cuestionar una política pública o intentar influir sobre la opinión son actividades propias de una sociedad abierta.
Para que alguna de ellas pueda convertirse en delito debe existir una definición estricta, un dolo específico y una conexión comprobable con una operación clandestina o una injerencia extranjera. Sin esos requisitos, la amenaza penal puede alcanzar al periodismo, a la libertad de expresión, a la universidad, a las organizaciones civiles, a los sindicatos y a la oposición política.
Malvinas merece una política de Estado sostenida, recursos suficientes y capacidades reales. No debería convertirse en una cláusula emocional que permita aprobar, sin la deliberación adecuada, reformas que exceden ampliamente la cuestión territorial. Menos aun cuando el fortalecimiento declarativo de la Soberanía convive con limitaciones presupuestarias y operativas que ninguna expansión normativa puede disimular.
El Gobierno puede —y debe— defender la soberanía. Lo que no puede hacer es presentar ese fin como una autorización o cheque en blanco. En una república, la legitimidad de un objetivo no vuelve constitucional cualquier instrumento elegido para alcanzarlo. La verdadera defensa de la Nación exige medidas idóneas y proporcionales, pero también límites, controles y garantías.
La soberanía no se protege debilitando la Constitución. Se defiende haciendo que el poder, aun cuando invoque las causas más justas, permanezca sometido a ella.
Mario Raúl Negri es expresidente Bloque Diputados Nacionales UCR y Marcelo Seghini, Coordinador Defensa Fundación Alem.
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