El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, insistió este lunes -ante una comisión de la Cámara de Diputados- que la adhesión de su país al Escudo de las Américas, la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por Donald Trump, no obliga a Perú a realizar operaciones militares, ni autoriza la intervención de fuerzas extranjeras en su territorio.
"Tampoco significa que los demás países estén obligados a prestar cualquier ayuda que nosotros le pidamos. Toda iniciativa concreta deberá ser acordada entre los Estados involucrados y ejecutarse conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos y constituciones", explicó Espá.
El canciller señaló que la participación de Perú en el Escudo de las Américas se inscribe en el marco de una política exterior que ha significado la lucha contra la delincuencia organizada transnacional entre sus más altas prioridades, como lo reclama la ciudadanía a la mandataria Keiko Fujimori.
"Se trata de un marco político y estratégico de cooperación hemisférica. No es una organización internacional creada con un tratado internacional y la incorporación del Perú no se formalizó mediante un acuerdo de adhesión; tampoco generó obligaciones jurídicas", detalló el jefe de la diplomacia peruana.
Espá insistió en que la participación de Perú constituye "una decisión soberana que no implica cesión de soberanía ni limita nuestra autonomía de decisión".
El canciller dijo que se trata de una adhesión de "carácter político y no jurídicamente vinculante", que contempla tres pilares fundamentales: la seguridad, el económico y la coordinación multilateral.
El alto funcionario recordó que, el pasado 22 de septiembre, los quince países participantes del Escudo de las Américas adoptaron la declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía en el hemisferio, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además de Estados Unidos, dentro del Escudo de las Américas están inmersos más de una decena de gobiernos de América Latina afines a Trump. Las dos más recientes adhesiones fueron las de Colombia y Perú, tras los triunfos electorales de sus respectivos presidentes, Abelardo De la Espriella y Keiko Fujimori.
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