En toda Europa, más allá de la movilización lycéenne, se manifiesta una paradoja histórica: la generación más educada de la historia enfrenta crecientes dificultades para acceder a una vivienda, conseguir un empleo estable o alcanzar la autonomía económica.
Hay problemas reales de acceso a servicios básicos, educación, vivienda y oportunidades. Los estudiantes tienen reclamos legítimos: docentes que faltan, aulas superpobladas, angustia por el futuro. Pero reconocer la legitimidad de un reclamo y aceptar el proyecto político que pretende apropiárselo son dos cosas diferentes. Exigir que las instituciones funcionen no equivale a utilizar sus fallas para declarar ilegítimo el sistema entero. El problema comienza cuando la protesta deja de reclamar reforma y se convierte en impugnación de los fundamentos de la sociedad que hace posible el propio derecho a protestar.
Samuel Huntington explicó la mecánica de este proceso en 1968: la modernización económica y social amplía las expectativas, multiplica las demandas y extiende la participación política. Las instituciones no necesariamente se adaptan a la misma velocidad.
Cuando la movilización crece más rápido que la capacidad institucional para procesarla, la consecuencia no es una democracia más profunda, sino una sociedad más inestable. La autoridad se erosiona, los canales de representación pierden legitimidad y la política se desplaza desde las instituciones hacia la confrontación directa.
Huntington llamó "sociedad pretoriana" a aquella en la que los grupos sociales intervienen en la política sin reglas suficientemente consolidadas para regular su competencia. Cada uno utiliza el instrumento que tiene a su disposición: los estudiantes, la calle; los sindicatos, la huelga; los empresarios, el capital; los militares, las armas. La fuerza sustituye a la autoridad institucional como mecanismo de resolución de conflictos. Ya no prevalece quien logra construir una mayoría o formular una solución, sino quien consigue imponer mayores costos al adversario.
Sobre esa fragilidad institucional opera hoy una crisis más profunda: la crisis de identidad de Occidente. La inmigración sin asimilación efectiva, la fragmentación cultural y la incapacidad de las élites para establecer un horizonte compartido debilitaron la cohesión de las sociedades europeas.
Durante las últimas décadas, el cosmopolitismo globalista desintegró los vínculos tradicionales de pertenencia: la familia, la nación y la religión. En nombre de la emancipación individual, se erosionaron referencias colectivas sin reemplazarlas por una nueva idea de comunidad política. El vacío lo ocupó la identidad organizada alrededor del agravio.
La estrategia de la izquierda radical occidental consistió conectar agravios distintos dentro de una misma narrativa de dominación: el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado, el racismo, las élites y Occidente dejaron de ser fenómenos diferentes, sujetos a análisis específicos, para convertirse en manifestaciones de un único sistema opresor.
Por eso hoy una demanda sectorial puede transformarse en una impugnación general del orden político, económico y cultural. La protesta por la vivienda termina cuestionando el capitalismo; la denuncia de una injusticia se convierte en una condena de la civilización occidental; la solidaridad con una causa distante se transforma en una justificación de actores que niegan los principios de libertad y pluralismo que sus propios defensores reivindican.
La alianza entre sectores de la izquierda radical, movimientos identitarios e islamistas radicales convergen contra un adversario común, aunque sus concepciones de sociedad, religión, libertad individual y derechos de las mujeres sean profundamente incompatibles. La contradicción no desaparece; queda subordinada a la utilidad táctica de la alianza. Sólo los une la voluntad de combatir aquello que identifican como el orden dominante.
Esta coalición no necesita una dirección única ni una conspiración centralizada para producir efectos políticos. Su eficacia reside en la articulación de causas, lenguajes y organizaciones que se refuerzan mutuamente. Los agravios aportan legitimidad moral; las identidades, pertenencia; la movilización callejera, visibilidad; y la impugnación de las instituciones, un enemigo permanente. Las protestas pueden comenzar con problemas concretos y genuinos, pero su encuadramiento ideológico las convierte en vehículos de una disputa mucho más amplia.
El resultado es una política de la pertenencia por el combate. En lugar de ofrecer a los jóvenes una comunidad fundada en la responsabilidad, la construcción y el futuro, se les ofrece una identidad fundada en la oposición. El adversario deja de ser alguien con quien se disputa una política pública y pasa a representar un mal que debe ser erradicado. El compromiso se interpreta como complicidad; la negociación, como traición; la reforma, como insuficiencia. La confrontación deja de ser un instrumento para alcanzar objetivos y se convierte en el objetivo mismo.
Europa enfrenta, por tanto, un problema que excede las aulas, las viviendas y el empleo juvenil. Debe resolver sus problemas materiales sin entregar a quienes pretenden destruir su legitimidad el monopolio de la indignación. La defensa de Occidente está en distinguir entre la crítica legítima de sus instituciones y la destrucción de las condiciones que permiten su existencia.
Una civilización desaparece cuando es derrotada por un enemigo externo o cuando se vacía desde adentro porque sus nuevas generaciones aprenden a identificarla sólo con aquello que deben combatir y dejan de encontrar razones para aquello que deberían preservar.
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