MéLa fiscalía de México acusó de traición a la patria al exfiscal detenido el sábado por encabezar un polémico operativo antidrogas con agentes estadounidenses, que fue calificado de injerencia.
La fiscal general Ernestina Godoy anunció los cargos el sábado por la noche en un video en X, horas después de la detención de César Jáuregui por fuerzas del estado fronterizo de Chihuahua, donde ocurrió la operación en abril.
Godoy indicó que Jáuregui -fiscal general del estado hasta abril- "habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorizaron en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales".
"Esto", recalcó, "atenta contra la soberanía y la integridad de la nación".
La ley mexicana prohíbe a los gobiernos regionales autorizar operaciones de seguridad con cooperación extranjera.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum solo supo del operativo porque dos agentes de la CIA murieron en un accidente de tránsito el 19 de abril tras haber participado en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en una zona boscosa de Chihuahua.
Godoy aseguró que los agentes norteamericanos asistieron a la fiscalía de Chihuahua "en varias ocasiones". "La participación en el operativo de estos extranjeros no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo".
La pena por el delito de traición a la patria es de 5 a 40 años de cárcel.
Jáuregui ya fue acusado por la misma fiscalía que lideró de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
El operativo desató una crisis entre México y Estados Unidos. Sheinbaum ordenó el envío de una nota diplomática a Washington y exigió el retiro de cualquier agente de la CIA no acreditado ante las autoridades mexicanas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado varias veces que México es gobernado por los carteles de la droga y llegó a amenazar con tomar acciones por su cuenta en suelo mexicano. Sheinbaum ha rechazado cualquier tipo de intervención de Estados Unidos.
El caso también provocó una crisis política luego que la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos, fuera llamada a declarar en la fiscalía por este caso y denunciara persecución.
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