05/11/2026 22:10
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Detuvieron al hermano de un funcionario del intendente Julián Álvarez, acusado de liderar una banda que usurpaba viviendas

Detuvieron al hermano de un funcionario del intendente Julián Álvarez, acusado de liderar una banda que usurpaba viviendas

Se trata de Javier Alejandro Costa. Su hermano es director en la municipalidad de Lanús que maneja el dirigente de La Cámpora. Lo detuvieron durante una serie de allanamientos.

El hermano de un funcionario de Lanús, el municipio que maneja Julián Álvarez de La Cámpora, fue detenido en Monte Chingolo durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial sobre una presunta organización delictiva dedicada a usurpar viviendas, falsificar documentación y comercializar los inmuebles a terceros.

Se trata de Javier Alejandro Acosta que es hermano de Daniel Acosta, director general de Corralón del municipio. El detenido incluso participó de actos partidarios que llevó adelante el intendente, como se ve en la foto que ilustra esta nota.

El detenido Javier Alejandro Acosta en un acto de Julián Álvarez.

Según la investigación judicial, la banda habría comenzado a operar a mediados de 2024, principalmente en Lomas de Zamora y otros puntos del conurbano bonaerense, aunque sus actividades también se habrían extendido a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores señalan a Javier Alejandro Acosta como el presunto jefe de la organización, mientras que Jonathan Maximiliano Garay, Gastón Ghio y Walter Aníbal Bogado aparecen identificados como supuestos organizadores de las maniobras.

La causa también apunta a otros integrantes que habrían participado en las distintas etapas de las operaciones: desde la ocupación ilegal de las propiedades y la falsificación de documentación hasta su posterior comercialización.

Clarín intentó comunicarse con la intendencia, pero no obtuvo respuesta.

El intento de usurpación que dio origen a la investigación

La investigación se inició a partir de un intento de usurpación ocurrido en octubre de 2024 en una vivienda ubicada en Capdevila 630, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, varias personas ingresaron de manera ilegítima al inmueble, forzaron los accesos y colocaron nuevas cadenas y candados para impedir que sus legítimos poseedores pudieran entrar.

Para darle una apariencia de legalidad a la maniobra, los involucrados, entre los que estaba Acosta, habrían utilizado documentación falsificada que simulaba una cesión de derechos posesorios sobre la propiedad.

El avance de la investigación permitió establecer posibles conexiones con otros hechos similares. En particular, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante las primeras actuaciones reveló comunicaciones con otras personas que llevaron a los investigadores a identificar una presunta organización integrada por más de diez miembros.

Con esos elementos, tomó intervención la División de Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina, que durante varios meses realizó tareas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la banda y determinar el papel que habría desempeñado cada uno de sus integrantes.

Allanamientos y secuestro de documentación

Como resultado de las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 19 solicitó cerca de 30 órdenes de allanamiento para avanzar con la investigación.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N.º 8 de Lomas de Zamora autorizó aproximadamente la mitad de las medidas requeridas, según consta en la causa.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los operativos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación considerada de interés para la investigación.

En ese contexto se produjo la detención de Javier Alejandro Acosta en Monte Chingolo, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización.

La causa, identificada con el número PP-07-00-047868-25, continúa su trámite judicial con el objetivo de determinar las responsabilidades penales de las personas investigadas por su presunta participación en las maniobras de usurpación, falsificación de documentación y comercialización de inmuebles.

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