Comisión de DDHH denuncia que operativos migratorios han dejado miles de niños sin padres

La directora de la Comisión de Derechos Humanos (USCCR) de Estados Unidos, Rochelle Garza, afirmó este jueves que los operativos migratorios de la Administración del presidente Donald Trump "socavan la democracia" y han dejado a miles de niños ciudadanos estadounidenses sin sus padres.

Garza participó este jueves en Nueva York en la última audiencia celebrada por un grupo de organizaciones latinas, lideradas por la Federación Hispana, en diversas ciudades sobre los operativos de inmigración y su impacto en la comunidad, así como sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que comenzaron el pasado diciembre en Minesota bajo el nombre de ‘Operación Metro Surge’.

Garza denuncia el impacto de los operativos migratorios

""A medida que se acercan las elecciones de medio mandato, nuestro país debe ver la aplicación de la ley de inmigración por lo que es: un socavamiento directo de nuestra democracia", dijo Garza, directora de la USCCR, una agencia federal independiente creada por el Congreso en 1957 para investigar cuestiones relacionadas con los derechos civiles.

Indicó que en las audiencias ha constatado que la realidad es la misma: "las personas están siendo objeto de perfiles raciales y desaparecidas".

"El derecho a protestar está siendo atacado y la gente está siendo asesinada", indicó, y aseguró que las comunidades afectadas por la política migratoria de Trump no van a sanar hasta que haya una rendición de cuentas.

Miles de niños afectados por la separación familiar

Garza lamentó que los niños estén sufriendo la separación de sus padres por las detenciones y deportaciones masivas.

Según los datos que citó, hasta el pasado mayo ICE había detenido a 400.000 personas, lo que provocó que más de 145.000 niños estadounidenses se vieran afectados por la ausencia de sus padres. Más de 22.000 se quedaron sin ninguno de sus progenitores en casa, "y esos números siguen aumentando".

Destacó además que, a julio de 2026, más de 65.000 personas se encontraban detenidas en centros de ICE, la mayoría sin antecedentes penales.

"En este momento se está obteniendo un beneficio (migratorio) a costa de sufrimientos humanos", afirmó Garza, quien aseguró estar "horrorizada" por lo que está pasando y "decidida a corregir esta situación".

Durante la audiencia también se abordó la situación de los menores que cruzaron solos la frontera de EE.UU. y que son puestos bajo la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Los niños son llevados primero en albergues y luego enviados con sus padres en EE.UU., un tutor o un patrocinador.

"Muchos vienen para encontrarse con sus padres que viven acá o algún familiar", comentó a EFE la abogada Sierra Kraft, directora ejecutiva de iCareCoalition.

"Un niño de tres años estuvo un año en un albergue y tenía a su madre acá", dijo durante la audiencia, donde se mencionó que muchos inmigrantes temen reclamar a un familiar por temor a ser detenidos.

Kraft indicó a EFE que en la ciudad de Nueva York hay 5.000 menores que llegaron solos y todos enfrentan procesos de deportación, algunos sin representación legal por falta de abogados.

Cuando están en el tribunal, los niños enfrentan un proceso en un idioma que desconocen, con jueces presionados para acelerar los casos. Les entregan documentos de asilo que no entienden y les dan dos semanas para cumplimentarlos y volver a otra audiencia.

Kraft indicó además que hay 125 niños en albergues en Nueva York porque el sistema ha endurecido el proceso para reclamar su custodia y también existe el temor de ser arrestados.

Testimonios ante el Congreso

Inmigrantes contaron en la audiencia sus experiencias en centros de detención y las consecuencias de haber perdido el TPS, mientras testigos relataron los operativos y cómo inmigrantes y otras personas han sido agredidas.

Las audiencias servirán para preparar un informe que será presentado al Congreso con miras a impulsar acciones y limitar el presupuesto de ICE, dijo a EFE Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana.

Miranda explicó que el objetivo es trasladar al ámbito legislativo los testimonios recogidos y poner de relieve el impacto de las políticas migratorias sobre las familias y las comunidades latinas.