La compañía británica Rockhopper vuelve a sufrir los efectos de la fuerte controversia que generó su proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo en las Islas Malvinas. Sus acciones arrancaron este lunes con un derrumbe en torno al 20%, luego de que el miércoles último ratificara que seguirá adelante con sus planes pese a las sanciones que anunció el Gobierno de Javier Milei por operar sin permiso de la Argentina.
Esta caída es una continuidad de la que había sufrido el jueves y viernes, dos jornadas en las que acumuló una retracción del 8,13%. La empresa ya había perdido alrededor del 18% de su cotización en septiembre, mes en el que Milei anuncio de las penalizaciones por cadena nacional.
El miércoles pasado, en su informe semestral ante la Bolsa de Londres, la empresa planteó que el Reino Unido y el Gobierno de las islas calificaron "las medidas argentinas como ilegítimas y carentes de justificación jurídica".
También hizo referencia a la israelí Navitas, su socia y operadora del proyecto Sea Lion, que confirmó que "no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo" de la actividad.
Sin embargo, Rockhopper admitió en su reporte que "en las últimas semanas, los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política".
Rockhopper tiene una participación del 35% del proyecto Sea Lion. El plan, dividido en distintas fases, tiene previsto comenzar con las perforaciones a principios de 2027. Será en el marco de la primera fase, que prevé avanzar con 11 pozos y cuyo objetivo es comenzar a producir en el primer trimestre de 2028 hasta 55.000 barriles diarios.
Además de las sanciones impulsadas por el Gobierno argentino, ya hay un fallo de la Justicia Federal de Tierra del Fuego que exige a la petrolera británica y a su socia Navitas suspender sus actividades de exploración en el citado yacimiento.
La jueza de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar de ex combatientes de Malvinas e intimó a las compañías a frenar sus operaciones y presentar una serie de informes.
Todo este ruido político, diplomático y judicial está impactando de lleno en la cotización de Rockhopper, por la incertidumbre en torno al futuro de Sea Lion más allá del apoyo de Gran Bretaña, según analistas del mercado.
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