CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un ciudadano laosiano deportado por Estados Unidos a Esuatini en el marco de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump fue liberado el domingo de una prisión de máxima seguridad en la nación africana, tras haber permanecido allí más de un año, informó su abogado.
Phone Chomsavanh figuraba entre cinco inmigrantes deportados a Esuatini —país con el que no tiene ningún vínculo— en julio de 2025, en los primeros días del controvertido programa de deportaciones a terceros países del gobierno de Trump.
El abogado de Chomsavanh en Estados Unidos, Tin Thanh Nguyen, señaló en un comunicado en el que anunció su liberación que solo le informaron que sería deportado a Esuatini poco antes de que un avión militar de carga que lo transportaba a él y a otros deportados aterrizara allí hace más de 14 meses.
Nguyen indicó que ahora Chomsavanh estaba siendo deportado a Laos.
Chomsavanh y los otros cuatro inmigrantes con los que fue deportado a Esuatini fueron condenados por delitos graves en Estados Unidos, pero ya habían cumplido sus sentencias cuando fueron enviados al Complejo Correccional de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital administrativa de Esuatini.
“Años después de que terminó de cumplir su condena en Estados Unidos, el gobierno de Trump lo trasladó en avión al pequeño reino del sur de África y lo entregó a una prisión de máxima seguridad, donde estuvo retenido durante más de un año sin que jamás se le acusara de un delito”, declaró Nguyen.
En mensajes separados a The Associated Press, Nguyen indicó que Chomsavanh había salido de Esuatini y aterrizado en Johannesburgo, en ruta hacia Laos.
Un portavoz del gobierno de Esuatini no confirmó la liberación de Chomsavanh.
Chomsavanh nació en un campamento de refugiados en Tailandia después de que sus padres huyeran de Laos, y su familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía 7 años, según su abogado.
Chomsavanh es uno de unos 500 inmigrantes que han sido deportados desde Estados Unidos a países africanos que no son sus naciones de origen desde que el programa de terceros países comenzó el año pasado, de acuerdo con el grupo de derechos Human Rights First, que ha estado monitoreando las deportaciones.
Alrededor de una docena de países africanos han aceptado deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, algunos a cambio de pagos de millones de dólares. Esuatini, que es la última monarquía absoluta de África y está gobernada por un rey, recibió 5,1 millones de dólares del gobierno de Trump para aceptar deportados, según el acuerdo entre los países. Esuatini ha recibido hasta ahora a unos 30 deportados.
El programa, que deriva en que los inmigrantes sean retenidos en países con los que no tienen vínculos y donde no han sido acusados de ningún delito, ha sido duramente criticado por grupos de derechos y abogados. Ha sido objeto de impugnaciones legales en Estados Unidos y en algunos de los países a los que se ha enviado a los inmigrantes.
El gobierno de Trump ha defendido la política como una forma de expulsar rápidamente de Estados Unidos a inmigrantes que tienen órdenes finales de deportación, cuando sus países de origen podrían no readmitirlos de inmediato.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó el mes pasado el fallo de un juez para detener el programa, porque no daba a los inmigrantes que enfrentan la expulsión tiempo para impugnar su deportación a un tercer país por temor a persecución o tortura allí.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió la semana pasada permitir temporalmente que el gobierno del presidente Donald Trump continúe expulsando con rapidez a inmigrantes a terceros países, aunque escuchará los argumentos del caso en diciembre.
El programa se ha llevado a cabo en gran medida en secreto, con poca transparencia sobre cuántos inmigrantes han sido deportados a terceros países, y dónde y en qué condiciones están siendo retenidos.
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