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El presidente Rodrigo Paz promulgó este viernes una ley para reemplazar al fiscal general de Bolivia, detenido tras ser señalado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Roger Mariaca ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles. Ahora es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.
A inicios de esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Congreso aprobó el viernes una ley para reemplazarlo. La norma dispone que el fiscal general será suspendido si existe en su contra una imputación delictiva o una medida judicial restrictiva, como una prisión preventiva.
La captura de Mariaca "es fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso", dijo el presidente Paz durante la promulgación de la ley en la sede de gobierno.
Hay "algunos que a través del crimen organizado querían o quieren controlar instituciones del Estado", agregó.
Tras la promulgación, el Congreso en pleno debe reunirse la noche de este viernes para votar la suspensión de Mariaca y de inmediato designar a un fiscal interino.
La Fiscalía nombró como nuevo fiscal interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación.
Incluso anunció que sería detenido por obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.
Según el Ministerio de Gobierno, Mariaca habría brindado protección al narco uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año y expulsado a EEUU con la ayuda de la DEA.
Por este caso, también fueron detenidos el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia.
Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por EEUU para combatir el crimen transnacional.
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