Una investigación de la Fiscalía general del estado de Massachusetts, dada a conocer este miércoles, reveló que más de 270 clérigos católicos abusaron de cerca de 1.000 niños a lo largo de un siglo en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester.
Según la Fiscalía, si bien investigaciones e informes públicos anteriores expusieron los abusos generalizados y fallos institucionales, "este es el primer informe público comparable sobre lo ocurrido en estas tres diócesis".
"Lo que descubrimos fue profundamente inquietante", indica el informe de 191 páginas, entre cuyos hallazgos figura que los líderes de las diócesis no actuaron ante las denuncias ni las señales de alerta ni notificaron a la policía.
En su lugar, trasladaron a sacerdotes acusados sin explicar la razón y reintegraron a otros tras recibir tratamiento, pero sin la supervisión adecuada.
La investigación comenzó en 2019 y, de acuerdo con la Fiscalía, se revisaron más de 300.000 páginas de documentos y se entrevistó a más de 100 personas, entre estas supervivientes, sus defensores y abogados, miembros del clero, personal de las diócesis y expertos en derecho canónico y abuso infantil.
También examinó cómo respondieron los líderes diocesanos cuando se presentaron las denuncias, si cumplieron sus propias políticas y si los niños fueron protegidos adecuadamente.
Destaca que durante el tiempo en que ocurrieron los delitos, especialmente en las décadas de 1960 y 1970, los sacerdotes católicos gozaban de mucha confianza y respeto por parte de las familias de sus comunidades, lo que les facilitó el acceso a las víctimas.
Sin embargo, la Fiscalía no presentó cargos debido al plazo de prescripción de los delitos y a que la mayoría de los casos ocurrieron antes de las reformas legales de 2002, que tipificaron como delito la exposición de menores a situaciones de peligro por negligencia grave y obligaron a sacerdotes y demás miembros del clero a denunciar el abuso infantil.
El informe reconoce que desde 2002 las diócesis investigadas han implementado reformas que han mejorado significativamente su respuesta ante los abusos y la notificación de estos.
Pero también encontró fallas que aún persisten: no existe supervisión independiente por parte del obispo de los protocolos o procedimientos eclesiásticos para responder a las denuncias de abuso.
Asimismo, señala que la falta de independencia y autoridad de las juntas de revisión encargadas de evaluar las denuncias constituye un obstáculo importante para la reforma y la mejora de las medidas de protección.
También detectó deficiencias, en diversos grados, en las tres diócesis en áreas "fundamentales" para la protección de menores, como la capacitación, la investigación de denuncias, el mantenimiento de registros y las auditorías.
"Esta investigación no buscaba demonizar una fe ni una iglesia. Más bien, se trataba de buscar justicia, un valor y una promesa que nuestra fe y el Dios al que sirvo reflejan profundamente", dijo durante la conferencia de prensa para dar a conocer el informe la fiscal general, Andrea Campbell, quien reveló que es superviviente de abuso infantil, de acuerdo con The Boston Globe.
Según Campbell, los abusos han continuado después de 2002, al citar los casos de dos sacerdotes de una iglesia en Springfield que a principios de este mes fueron suspendidos tras recibirse denuncias por separado de conducta inapropiada.
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