La disputa por las Malvinas volvió a escalar este miércoles con una dura respuesta del Gobierno británico a la decisión de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
En un comunicado difundido este 30 de septiembre, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la decisión argentina de recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) constituye un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.
Además hizo saber que convocaron a la embajadora Mariana Plaza para entregar la nota.
La reacción británica llega después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires también busca evitar nuevas autorizaciones para la explotación de recursos naturales en la plataforma continental que reclama como propia.
Kumaran afirmó que los habitantes de las islas “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia” de terceros.
El Gobierno británico sostuvo además que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por las leyes locales y que se realizan, según su posición, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención del Mar. Pero el punto más significativo del comunicado aparece cuando Londres vincula el conflicto por los recursos con la relación bilateral con la Argentina.
Según Kumaran, el Gobierno británico dejó claro esta semana ante la embajadora argentina en el Reino Unido (Mariana Plaza) que los intentos de impedir actividades económicas que Londres considera legales en las islas “no son actos de compromiso internacional responsable”, sino intentos deliberados de afectar “la prosperidad y la seguridad económica” de una población autogobernada.
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