El Gobierno de Burundi aseguró que aceptará migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, en el marco del endurecimiento de las políticas antiinmigración de Washington, si bien todavía deben concretarse los detalles del plan.
La portavoz de la Presidencia burundesa, Nancy Ninette Mutoni, afirmó en una rueda de prensa que "Burundi acogerá a migrantes trasladados por Estados Unidos" y que, "una vez llegados, se les prestará apoyo para facilitar su integración y su convivencia con la población, respetando la ley", según recogieron medios locales a última hora del martes.
"Los preparativos continúan, en particular respecto al lugar de acogida, los medios de subsistencia y las modalidades de convivencia con la población local", añadió la portavoz, al precisar que los migrantes transferidos deben ser personas que no estén siendo procesadas por delitos ni tengan ninguna conexión con el terrorismo.
Sobre la posible obtención de la nacionalidad burundesa para los deportados, Mutoni precisó que "aquellos que lo soliciten y deseen integrarse y contribuir al desarrollo del país podrían ver examinada su situación", si bien subrayó que "cualquier decisión deberá respetar las leyes vigentes".
Si finalmente se producen estos traslados, Burundi se sumaría a otros países -la mayoría africanos- que han firmado acuerdos de deportación con la Administración de Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, en el marco de su política para impulsar las expulsiones exprés.
Otros países que han firmado estos pactos son El Salvador, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona o la República Centroafricana (RCA).
Estos acuerdos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
El Tribunal Supremo estadounidense autorizó este martes al Gobierno de Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países, dejando en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.
Así, Washington puede continuar, de momento, con el programa, a la espera de que el alto tribunal escuche los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre próximo, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso, que llegará probablemente a mediados de 2027.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos rechazar estos acuerdos porque exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.
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