WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el martes, de forma provisional, que el gobierno del presidente Donald Trump continúe deportando rápidamente a personas a países distintos del suyo, mientras los magistrados analizan si la política es legal.
La orden, que aparentemente obtuvo 6 votos a favor y 3 en contra, suspende por ahora un fallo de un tribunal de apelaciones y exige que el gobierno dé a los inmigrantes la oportunidad de objetar ante de ser enviados a países con los que no tienen ningún vínculo.
La Corte Suprema escuchará argumentos en diciembre.
Abogados federales señalaron que la decisión del tribunal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación que transportaba a unas 70 personas con destino a tres países.
Los magistrados ya habían permitido que los vuelos de deportación —una política central del gobierno de Trump— continuaran temporalmente cuando el caso llegó ante ellos el año pasado.
El tribunal señaló que tendrá en cuenta varias cuestiones: si la política es legal, si los tribunales inferiores tienen autoridad para emitir un bloqueo general y otras preguntas que el gobierno considere apropiadas.
En virtud de una serie de acuerdos, a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a unas 25.000 personas a más de dos docenas de países, entre ellos, Liberia y Guyana. La gran mayoría ha sido enviada a México.
El gobierno republicano de Trump ha afirmado que envía a personas con órdenes finales de deportación a terceros países cuando no pueden ser devueltas a sus lugares de origen o cuando sus países de nacionalidad no las aceptan, incluidas aquellas que tienen condenas penales. Esos gobiernos ofrecen garantías de que las personas no serán perseguidas ni torturadas, según indicaron abogados federales.
Pero, aun así, algunos migrantes han terminado encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar antes de llegar. Otros también enfrentan graves riesgos para su seguridad y se quedan con pocas opciones, salvo regresar a los países de los que huían. Muchos no tienen condenas penales y se ha determinado que corren riesgo de tortura o persecución, afirmaron abogados de los inmigrantes.
El caso surge en medio de una amplia ofensiva migratoria del gobierno de Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.
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