El Ministerio de Trabajo bonaerense extendió por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) por los 1.200 despidos en tres plantas que la firma posee en la provincia.
La resolución se tomó tras una audiencia que duró más de cuatro horas y que se llevó a cabo este lunes en la sede de la cartera laboral en La Plata.
De esta manera, la medida - que obligó a Granja Tres Arroyos a reincorporar los trabajadores despedidos a principio de septiembre en las fábricas de Capitán Sarmiento, Esteban Echevarría y Pilar - seguirá vigente hasta el viernes, cuando las partes vuelvan a mantener una reunión para solucionar el conflicto.
La conciliación se dictó a pesar de que el STIA pidió expresamente durante la audiencia que no se hiciera, ya que la misma impide que los trabajadores puedan solicitar un fondo de desempleo.
Asimismo, el gremio sostuvo que, a la fecha, los trabajadores no están percibiendo sus salarios, que no fueron reincorporados los que fueron despedidos y tampoco les fueron asignadas tareas.
Por su parte, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a dar detalles de la delicada situación económica, financiera y productiva, y remarcó el pedido ante la Justicia Comercial para que los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos SA (a las que se suma la cordobesa Avex SA) sean tramitados de manera conjunta y que se dé inicio a los mismos, cuestión que todavía “se encuentra pendiente de resolución definitiva”, según consta en el acta de la audiencia.
“Asimismo, se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, a efectos de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías”, agregó Carrizo.
Los pedidos de apertura de los concursos y la solicitud para que sean tratados de manera conjunta fueron radicados en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda, quien remitió el expediente al Juzgado Comercial N°1. El juez Alberto Alemán, titular de este último, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora Páez Castañeda deberá decidir qué hacer con los concursos.
En la audiencia con el STIA, el apoderado aseguró que “una parte sustancial de los fondos y cobranzas correspondientes a las empresas se encuentra afectada por las medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones de causa anterior a las presentaciones concursales, alcanzando tanto fondos embargados como cobranzas provenientes de importantes clientes de las compañías”.
“Esta situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para atender normalmente las obligaciones corrientes y sostener el nivel habitual de actividad”, concluyó Carrizo.
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