El Congreso aprobó un perdón cruzado de deudas multimillonarias entre las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur y el Estado nacional. Fue por motivo de los más de 20 años de congelamiento e intervención en las tarifas -por fuera de los marcos regulatorios de los contratos de concesión-, que empezaron en 2002 y terminaron en 2025, con algunos meses de excepciones en el medio.
La condonación de las deudas quedó incluida dentro del proyecto que habilitó la reducción o eliminación de los beneficios en la boleta de gas por "zona fría" a un total de 4.100.000 usuarios. Pasó en las sombras porque fue en el artículo 4° y formó parte de un paquete de cambios en el mercado energético; por ejemplo, la extensión de la estabilidad fiscal para las energías renovables por 20 años más.
De hecho, es casi calcado al capítulo XI del Presupuesto 2026, que se aprobó sin varios artículos para obtener mayorías legislativas.
Deudas millonarias por las tarifas
En concreto, el Estado le perdonará a Edenor y Edesur sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), reconocidas y regularizadas -con pagos en cuotas hasta 8 años- por el equivalente en pesos a unos 450 millones y 300 millones de dólares, respectivamente.
A cambio, las empresas se olvidarán de sus "activos regulatorios" (deudas del Estado con las compañías) por los congelamientos de tarifas, que no están reconocidas formalmente. Fuentes del más alto nivel en el sector calculan que es por US$ 2.000 millones y US$ 1.200 millones, respectivamente.
Sin embargo, directivos de la industria estiman que la deuda del Estado no excede al doble de lo que deben las compañías; o sea, hasta 900 millones con Edenor y hasta US$ 600 millones con Edesur.
Además, Edenor -que pertenece a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti- y Edesur -del Estado de Italia a través de ENEL y varios fondos de inversión- se olvidarán de futuros reclamos judiciales contra el Estado.
Incluso, en el caso de ENEL -manejado por Giorgia Meloni, de gran sintonía con Javier Milei-, resignará ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, como ya hicieron varias multinacionales con mucho éxito en las últimas dos décadas.
Una vez que se reglamente la ley, el Estado "determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas que no hayan sido incluidas en los distintos regímenes de regularización de deudas ni renunciados por parte de las referidas distribuidoras, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente contrato de concesión".
Las distribuidoras bajo jurisdicción federal son Edenor y Edesur, mientras que entre las transportistas está Transener, donde el Estado vendió este año su más de 26% de participación accionaria a través de Enarsa al grupo Edison y a Genneia, que tiene entre sus principales referentes a los empresarios Juan y Patricio Neuss y a Jorge Brito.
En el caso de Transener, el Estado podrá perdonar futuras multas que se le imputen por fallas en sus líneas de alta tensión, aunque por el momento no existen deudas.
Juicios contra el Estado
A cambio, el Poder Ejecutivo instrumentará un crédito sobre los acuerdos de regularización de deuda que las empresas asumieron con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Al no haber cobrado tarifas suficientes para afrontar todos sus gastos (salarios, mantenimientos mínimos, impuestos y la compra de energía), las eléctricas dejaron de pagar la energía a Cammesa y acumularon deudas, que se fueron regularizando en los últimos años.
La diferencia contable favorecería a las empresas, por lo que el proyecto de ley exige que un acuerdo "estará sujeto a la declinación por parte de las distribuidoras y transportistas de la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos, respecto de las jurisdicciones locales y/o del Estado y de Cammesa relacionados con los efectos de las emergencias declaradas".
Así, el Estado reconocería una deuda que hoy no está oficializada y es un "pasivo contingente" a largo plazo, pero quedaría libre de pagarla; para las compañías, se les limpiaría el balance de inmediato. Esa es la visión que tiene el Gobierno y comparte en privado.
El acuerdo también incluye a distribuidoras provinciales, donde la regulación depende de cada gobernador.
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