Directores del del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) consiguieron frenar por ahora la embestida del Gobierno Nacional que buscaba podarle las últimas herramientas de control que conserva sobre la actividad. La iniciativa, que pretendía dejar sin efecto 21 resoluciones, delegar en SENASA parte de la fiscalización y otorgar superpoderes al presidente del organismo, fue remitida a la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control para un análisis más profundo.
Los representantes del Gobierno de Misiones, cosecheros, productores, cooperativas, secaderos y la cadena molinera misionera se unieron para evitar que el INYM se convirtiera en un cascarón vacío. El sector industrial correntino no se pronunció sobre el proyecto y los representantes del Gobierno de Corrientes estuvieron ausentes.
La iniciativa había sido presentada la semana por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que desembarcaron en Posadas junto a integrantes de Senasa y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El proyecto fue presentado como una “propuesta de reordenamiento administrativo” pero en definitiva es un paso más para vaciar de poder al INYM, un organismo que durante más de dos décadas ordenó la actividad yerbatera y fijó precios mínimos para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda).
El “reordenamiento” sólo dejaba intacta el área de promoción de la yerba mate y eliminaba 21 resoluciones que fueron dictadas entre 2003 y fines de 2023. Además otorgaba superpoderes al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, para suscribir convenios y protocolos con otros organismos sin intervención del directorio.
Denis Bochert, director suplente del Gobierno de Misiones en el INYM, explicó que la iniciativa “elimina los registros propios de los operadores del INYM, que es reemplazado por un solo registro de SENASA. Eso implicaría un reempadronamiento de todos los productores, y la eliminación de muchos de los comprobantes que tenemos hoy en el sistema yerbatero”.
El proyecto busca que todo el movimiento de yerba mate en Misiones y Corrientes se realice a través de la guía de tránsito vegetal de Senasa. “Lo venden como una simplificación pero en la práctica es mucho más papeleo para el productor”, aseguró.
Uno de los puntos más preocupantes es que se eliminan los controles de calidad sobre la materia prima que realiza el Instituto para traspasarlo al Senasa, pero ya sobre los paquetes que están en góndola.
La iniciativa del Gobierno Nacional busca dar de baja la Resolución 381/2020, que fija controles sobre la yerba mate canchada que ingresa desde Brasil o Paraguay. La norma exige que se detalle país de origen y los datos del elaborador extranjero. También elimina el reglamento de cosecha, que incluye recaudos para evitar contaminación con tierra, combustibles y otros materiales, manejo de la materia prima y su transporte en condiciones de higiene hacia los secaderos.
Cinco asociaciones de productores emitieron un documento cuestionando la nueva embestida del Gobierno Nacional sobre el INYM. “No estamos frente a una simple tarea de ordenamiento, digitalización o simplificación administrativa, sino ante una nueva transformación de la capacidad institucional del Instituto: elimina registros y herramientas construidas durante años, desplaza hacia organismos nacionales parte de la información necesaria para conocer la realidad de la cadena y, simultáneamente, concentra en la Presidencia facultades para definir posteriormente aspectos sustanciales del nuevo sistema”, se quejaron.
Detallaron que el proyecto elimina reglamentaciones vinculadas con el “registro de yerbales, plantas y depósitos, viveros, cosecha mecanizada, documentación y control de movimientos, calidad de hoja verde y yerba canchada, procedimientos de inspección, muestreo y herramientas técnicas del laboratorio oficial”, a las que consideraron “esenciales para conocer, registrar y controlar la actividad”.
Al referirse al traslado de algunos controles a Senasa, sostuvieron que implicaría una pérdida de la autonomía institucional del Instituto.
“El proceso debe ser observado en conjunto: primero se modificaron las facultades regulatorias del INYM, después se restringieron sus posibilidades de intervención sobre la cadena. Ahora el proyecto avanza sobre sus registros, datos, sistemas de control, capacidades técnicas e instrumentos operativos”, señala el documento.
“Y simultáneamente pretende que el propio Directorio apruebe esa transformación y delegue en la Presidencia la ejecución y definición posterior de aspectos sustanciales. No estamos, por lo tanto, frente a hechos independientes, sino frente a una secuencia institucional: primero las facultades; después los registros; después los datos; después los controles; finalmente, la capacidad efectiva de decidir”, agregaron Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Antonio Franza (Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte) y Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná Limitada).
Los dirigentes señalaron que “estamos defendiendo una institución creada para que una cadena productiva históricamente atravesada por profundas asimetrías pueda tener información común, representación sectorial y herramientas de control” y negaron estar a favor de la burocracia.
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