El defensor de derechos humanos venezolano Javier Tarazona, quien fue excarcelado en febrero al cabo de cuatro años en prisión, denunció el jueves constantes retrasos y diferimientos en las audiencias de su caso, que le mantienen con la libertad restringida.
Tarazona fue excarcelado en el marco de una ley de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió en enero luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.
Pero a este activista le fue negado el sobreseimiento de la causa en marzo.
"Hoy sencillamente exigimos y pedimos justicia y libertad plena", dijo a las fueras del Palacio de Justicia Tarazona, director de la ONG Fundaredes.
"Hemos sido víctimas de una detención arbitraria, de una desaparición forzada, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sobre todo de una extensión de la privación de libertad", agregó.
El subdirector ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Federico Borello, quien se reunió en Caracas con la presidenta Rodríguez, recalcó que muchos excarcelados siguen con procesos en su contra que "restringen su libertad" plena.
Entre ellos figura el abogado Perkins Rocha, colaborador de la líder de oposición María Corina Machado, quien cumple arresto domiciliario con un tobillera electrónica.
Tarazona, fue detenido en julio de 2021, acusado de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio", delitos imputados usualmente a los presos políticos en el país.
El defensor de derechos humanos pidió que la "transición democrática" y "justicia y libertad" planteado el miércoles por Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, se traduzca en "cumplir el debido proceso, la Constitución y las leyes venezolanas".
"Cuando en Venezuela se habla de la firma de acuerdos petroleros, pedimos que sea la gente la que esté en ese tablero (...) que los venezolanos podamos sentirnos representados en todos los acuerdos de reinstitucionalización y redemocratización del país", dijo.
En el caso del activista también están acusados otros integrantes de Fundaredes, Omar de Dios García y José Rafael Tarazona. Señalaron las restricciones a su libertad y la no culminación del proceso judicial les impide su desarrollo profesional y de formación.
"Han sido 66 audiencias convocadas, 24 diferimientos, dos juicios suspendidos. Estamos en el tercer juicio en este momento. Cinco años y tres meses de un proceso de judicialización injusto", deploró Tarazona.
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