El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich se quedó con la denuncia del Banco Central contra los financistas Elías Piccirillo, ex esposo de Jesica Cirio, y Carlos Migueles, actual novio de Wanda Nara, en una nueva causa por el rulo financiero durante el último cepo cambiario K.
El Banco Central denunció operaciones por unos US$251 millones realizadas a través de la agencia Arg Exchange. De ser encontrados culpables, los financistas deberían devolverle al estado 2.500 millones de dólares.
Piccirillo detenido luego de casarse con Cirio.
La investigación apunta a determinar si ambos participaron de un mecanismo que permitía aprovechar la enorme brecha entre el dólar oficial y el blue.
Durante 2023 esa diferencia llegó a ubicarse entre el 90% y el 120%. El mecanismo permitía comprar dólares y luego venderlos en distintos segmentos.
Pero el foco del Banco Central está puesto también en otro aspecto: el recorrido de esos dólares y la dificultad para establecer quiénes eran sus verdaderos beneficiarios.
La denuncia fue presentada por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. Y ahora quedó en manos de Meirovich, informó La Nación y Clarín accedió al sumario completo.
A diferencia de otras causas penales, que necesitan un requerimiento de instrucción del fiscal, en este caso no hay declaración indagatoria ni procesamientos, ya que el juez de instrucción decide la condena.
De ser encontrados culpables, la pena va de uno a cuatro años y se estipulan multas equivalentes a 10 veces la infracción cometida, explicaron a Clarín fuentes judiciales
El expediente se concentra en las operaciones realizadas por Arg Exchange entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de 2023.
En ese período, la agencia compró dólares por unos US$251,9 millones y luego vendió una suma prácticamente equivalente a otros operadores.
Para el Banco Central, el volumen y la duración de las operaciones resultan incompatibles con el funcionamiento esperado de una agencia bajo el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Wanda Nara y el financista Martín Migueles.
El organismo sostiene que Arg Exchange debía limitarse a operaciones puntuales y que el acceso al mercado oficial estaba fuertemente restringido.
En ese contexto, el BCRA considera llamativo que la agencia haya comprado más de US$251 millones durante 2023.
Y que después haya vendido una cantidad similar a distintas casas y agencias de cambio.
La investigación no termina allí. El Banco Central reconstruyó el recorrido posterior de las divisas y detectó un circuito que, según su hipótesis, permitía perderles el rastro.
Los dólares adquiridos circulaban luego en sentido inverso, aunque no necesariamente entre los mismos operadores que habían intervenido inicialmente.
Finalmente, las divisas llegaban a entidades que habían entregado los pesos para realizar las operaciones.
Según el sumario, esas entidades retiraban los dólares del Banco Central al valor oficial a nombre de personas físicas que podía comprar 200 dólares por cliente, principalmente mediante extracciones en efectivo, y luego lo vendía en el dólar blue.
El resultado, para el organismo, era una progresiva pérdida de trazabilidad de las divisas.
El BCRA sostiene que esa operatoria podía terminar abasteciendo circuitos informales de comercialización de dólares y alejando las operaciones de los controles oficiales.
Juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, investiga la denuncia del BCRA contra Piccirilo.
El informe menciona además una "coordinación entre más de 90 operadores" cambiarios, entre entidades financieras, casas y agencias de cambio.
Según el organismo, varias de esas entidades habrían repetido una misma dinámica operativa para dificultar el seguimiento de los fondos.
Entre los operadores que aparecen en la investigación figuran Intercash, Cambio Imperial, Gis Cambio, Andie, Rosario Cambio, Fast Cambio y Edén.
También aparecen Gallo Cambios, Cambio Belgrano, Centenera, Cambio Dem y Atlántida del Rosario Servicios.
Algunas de esas empresas fueron suspendidas o enfrentaron sumarios del Banco Central por otras irregularidades.
En los casos de Cambio Imperial, Andie, Intercash, Centenera y Edén, el organismo detectó documentación que consideró inconsistente, falsa o insuficiente.
Esas irregularidades derivaron, según el sumario, en la suspensión y posterior revocación de las autorizaciones para operar en cambios.
El Banco Central también puso bajo la lupa la conducta de los responsables de Arg Exchange.
La agencia tenía una estructura societaria reducida: solamente dos socios, uno de ellos su presidente.
Para el organismo, esa particularidad "vuelve difícil sostener que sus responsables desconocieran el movimiento de semejante volumen de dinero".
En el caso de Piccirillo, además, el sumario aclara que la acusación no se apoya únicamente en su condición de accionista.
El BCRA sostiene que tenía "una posición de control e injerencia efectiva" dentro de la estructura de la sociedad durante el período investigado.
El juez Ariel tiene la causa principal sobre el rulo financiero.
Respecto de Piccirillo y Migueles, el organismo considera que por sus cargos debían velar por el estricto cumplimiento de las normas cambiarias.
El expediente señala además que los montos involucrados eran “muy cuantiosos” y que las operaciones se extendieron durante casi todo 2023.
Otro punto bajo investigación es el origen de los fondos utilizados para las operaciones.
Según el Banco Central, no contar con información suficiente sobre esos fondos impedía establecer si las transacciones tenían una justificación económica genuina.
La denuncia contra Arg Exchange se suma a otra investigación por el denominado “rulo financiero”, que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi y es la principal y más grande.
Ese expediente había avanzado con rapidez a comienzos de año, pero ahora espera un peritaje del Banco Central, según fuentes judiciales.
En paralelo, Piccirillo enfrenta otra causa de alto impacto. Está próximo a ir a juicio oral por la acusación de haberle “plantado” más de un kilo de cocaína y un arma a su ex socio Francisco Hauque.
Meirovich está actualmente de licencia y comenzará a intervenir en esta nueva denuncia a partir de la próxima semana.
Meirovich tiene otra causa que involucra a la AFA
El juez tiene además otro expediente sensible pendiente de resolución bajo la Ley Penal Cambiaria.
Allí debe resolver la situación de directivos del banco BST y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto con su tesorero Pablo Toviggino.
Ese caso investiga presuntas maniobras cambiarias por unos US$100 millones durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández.
Ahora, la lupa del mismo juez se posa sobre Arg Exchange y un circuito de US$251 millones que, según el Banco Central, terminó dejando demasiadas preguntas sobre el destino de los dólares.
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