Los argentinos nos acostumbramos a una contradicción bastante difícil de explicar: vivimos en un país donde el Estado cobra impuestos, tasas y contribuciones por casi todo, pero después demasiados ciudadanos terminan resolviendo por su cuenta aquello que supuestamente ya financiaron. Se paga seguridad privada porque la inseguridad preocupa. Se recurre a la medicina prepaga porque el sistema público está saturado. Se paga una escuela privada cuando la educación estatal no ofrece respuestas suficientes. Se arregla una vereda, se contrata una alarma o se paga un generador mientras los impuestos siguen llegando puntualmente. La discusión no debería ser solamente si el Estado tiene que gastar más o menos. La pregunta central es otra: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de lo que paga? Durante décadas se confundió presencia estatal con eficacia. Pero un Estado grande no necesariamente es un Estado fuerte, y mucho menos uno eficiente. Cuando la estructura pública se vuelve cara, burocrática y distante de las necesidades cotidianas, termina convirtiéndose en una carga antes que en una solución. Reducir impuestos sin mejorar la administración sería insuficiente. Mantener una presión fiscal elevada sin ofrecer servicios de calidad es todavía peor. Tal vez haya llegado el momento de exigir algo bastante elemental: un Estado que cobre menos, administre mejor y deje de obligar al ciudadano a pagar dos veces por lo mismo.
Francisco Sciaky
OTRAS CARTAS
La visita del Papa y el derecho a progresar
Ante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, hay una pregunta inevitable. ¿Qué mensaje necesita hoy nuestra sociedad? Sería valioso que su mensaje no se limitara a la legítima preocupación por quienes sufren pobreza y exclusión, sino que también reivindicara algo que nuestra sociedad necesita recuperar: el derecho a progresar. Cuando es fruto del trabajo, la educación, el esfuerzo y la responsabilidad, la prosperidad es también una forma de dignidad.
El verdadero desafío no es construir una cultura que enseñe a los pobres a resignarse, sino una que les permita dejar de serlo.
J. Felipe Fliess
La industria nacional, en jaque
Aún no entiendo el esquema económico que se lleva adelante. No reniego de la baja inflación, de la reforma laboral, de la explotación minera, de los grandes capitales que ingresaron por Vaca Muerta y, seguramente, de la simplificación de muchas gestiones burocráticas que nos vienen asfixiando desde hace muchos años. Pero de ahí a matar a la industria nacional, no le encuentro sentido. La producción en el país mueve a millones de personas a través de las Pymes y de empresas no tan pequeñas que hoy no pueden competir, simplemente porque no tienen las mismas condiciones que lo que viene de afuera. Están matando a comercios y empresas que, desde hace más de medio siglo, vienen peleando en un país caótico y que han aprendido a ir surfeando las crisis. Pero esta es una situación fuera de lógica que golpea fuerte y llega a matar cualquier proyecto de futuro.
Susana Mastronardi
Reforma electoral: que no se elimine el debate presidencial
En 2016, el Congreso convirtió el debate presidencial en una política de Estado. Gracias a eso, los debates presidenciales pasaron a ser obligatorios para que los candidatos den a conocer y debatan ante el electorado sus propuestas. Sería lamentable que, en caso de ser aprobado el proyecto de Reforma Electoral Integral sin modificaciones -actualmente en debate en el Senado-, se elimine dicha obligatoriedad. Una reforma electoral no debería implicar la pérdida de ese derecho ciudadano. Con más debates e información se fortalece la democracia.
Patricio Oschlies
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