Guillermo Pérez le dedicó su vida al entramado impositivo argentino. Se recibió de contador en la UBA siendo muy joven y estuvo en varias firmas de auditoría, desde Arthur Andersen a Ernst&Young hasta que hace 20 años creo su propia consultora. Sus clientes son multis y grupos locales de envergadura. Se especializó en lo que llama estrategia fiscal inteligente, una manera de aprovechar los intersticios de manera que la carga fiscal sea con viento a favor.
-¿Es posible la reducción de impuestos en la Argentina?
-Es difícil en el corto plazo porque el país tiene una estructura económica y laboral “invertida”: alrededor de 12 millones de trabajadores formales, incluidos autónomos, monotributistas y empleados dependientes, que sostienen a una población cercana a 47 millones, mientras unos 5 o 6 millones trabajan informalmente y no aportan. La economía prácticamente no creció durante los últimos 15 años, aunque sí aumentaron la población, el gasto público y las necesidades de financiamiento estatal.
-¿Cómo pesa el tema político en la baja de impuestos?
-Los impuestos podrán bajar cuando crezca el PBI, el gasto público permanezca controlado y aumente la base de contribuyentes. Si el Estado recauda una proporción menor sobre una economía más grande, puede reducir alícuotas sin perder recursos. Pero el margen es acotado porque ya se ajustaron jubilaciones, salarios públicos, subsidios, transferencias y obra pública, mientras el superávit fiscal sigue siendo pequeño. La condición decisiva es recuperar la confianza, mantener una macroeconomía estable, aprobar políticas orientadas al bienestar general y desarrollar los sectores rezagados que concentran el empleo, especialmente industria y retail.
-Hay diversas cifras sobre presión tributaria...
-Hasta 2002, el gasto público representaba aproximadamente entre 20% y 25% del PBI, en línea con otros países latinoamericanos. En 2023 llegó a cerca del 45%-50%, prácticamente duplicándose. Entre 2000 y 2023, la recaudación nominal aumentó unas 100 veces, mientras el PBI lo hizo unas 60-64 veces. Por eso, la presión tributaria pasó de poco más del 20% a más del 30% del PBI. Como esa presión se calcula sobre la economía formal e informal combinadas, al medirla únicamente sobre el 60% formal de la economía, la carga efectiva supera el 50% del PBI para quienes realmente pagan impuestos. El sistema tributario incluye impuestos y cargas de seguridad social, especialmente elevadas sobre el empleo formal. Argentina tampoco tuvo políticas públicas consensuadas y estables: alternó medidas favorables al agro, la industria o distintos sectores, sin una estrategia de crecimiento sostenida. Esto perjudicó el PBI, las exportaciones, la inversión y la generación de empleo.
Guillermo Perez, Presidente y CEO de Grupo GNP
-¿Cómo impacta la carga tributaria en las empresas?
-La carga tributaria reduce directamente la rentabilidad, la inversión, la expansión internacional y la contratación. En un caso empresarial, una compañía que vende 100 y obtiene una utilidad neta de 5 después de impuestos soporta aproximadamente 9 puntos de carga tributaria y previsional. Sin esa carga, su ganancia podría ser cercana a 14. En términos temporales, la empresa trabaja desde el 1 de enero hasta mediados de agosto para el Estado y recién después genera su propia rentabilidad.
-Los sectores industriales reclaman que se nivele la cancha especialmente frente a sectores a los que se los ha incentivado fiscalmente como energía y minería...
-El crecimiento actual es sectorialmente desequilibrado: agro, minería, energía y petróleo pueden expandirse fuertemente, mientras industria y retail, los principales generadores de empleo, caen. Los sectores extractivos están muy tecnificados y no absorben grandes cantidades de trabajadores, por lo que el crecimiento promedio del PBI no refleja una mejora generalizada. La industria tiene tres grandes costos: materias primas, salarios y tributos. Por eso, cuando reclama “nivelar la cancha”, puede pedir una reducción impositiva o barreras arancelarias transitorias que le permitan reconvertirse tecnológicamente. La apertura comercial puede ser necesaria, pero el problema es el timing: abrir las fronteras de manera abrupta, especialmente frente a China, no les deja tiempo para adaptarse.
-¿En qué consiste una estrategia fiscal inteligente?
-En planificar dentro de la ley y se organiza en tres niveles. Por un lado oportunidades inmediatas cuando ciertos regímenes deben aprovecharse en el momento porque luego desaparecen. Por ejemplo el blanqueo o tapón fiscal. También la fecha de cierre del ejercicio puede modificar significativamente el impuesto. En negocios estacionales, conviene cerrar cuando termina el período de mayor actividad, para que las utilidades marginales sean menores. También pueden planificarse deducciones, como honorarios de directores, considerando cuándo los deduce la sociedad y cuándo los declara la persona física. Y a veces no se trata de discutir el impuesto, sino estructurar de otra manera la operación. Por ejemplo, en una adquisición, parte del precio puede instrumentarse como una obligación de no competir, que constituye un gasto deducible, en lugar de pagarse íntegramente mediante acciones no deducibles.
-Si el crecimiento es desequilibrado, ¿qué pasa en materia de coparticipación con las provincias?
-Una reforma tributaria sostenible requiere reformar primero la coparticipación federal. El sistema actual proviene de 1988 y distribuye recursos según criterios basados en años previos en los que ni siquiera existía un acuerdo estable. Aunque la Constitución ordenó crear un nuevo régimen en 1994-1996, nunca se concretó por falta de consenso político. La Nación recauda cerca del 90% de los recursos coparticipables y luego los distribuye entre provincias. Algunas jurisdicciones aportan mucho más de lo que reciben —especialmente Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe—, mientras varias provincias reciben más de lo que generan y no rinden cuentas suficientes sobre el uso de esos fondos. Esto descapitaliza a las jurisdicciones productivas y deteriora infraestructura, rutas, educación y servicios.
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