El comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, decidió relevar de sus actuales destinos a ocho capitanes de corbeta y un suboficial que fueron denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos. Ordenó su pase a disponibilidad.
Según informaron fuentes en el Ministerio de Defensa, los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán sometidos a una investigación disciplinaria en el marco del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La decisión se tomó a partir de la denuncia de estafas que involucra a los integrantes de la Armada y es independiente del proceso que pueda desarrollarse en la Justicia. Surgió a partir de una investigación interna.
El relevo de los cargos constituye así una medida dentro del ámbito disciplinario militar, mientras avanza por separado la investigación judicial sobre los hechos denunciados.
La Armada Argentina denunció penalmente un fraude de al menos 938 millones de pesos mediante 645 acreditaciones irregulares de haberes realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Afecta en principio a unos 23 oficiales, podrían ser varios más y llegar hasta los $ 1.300 y $ 1.600 millones.
El pase a disponibilidad en una situación de revista está previsto en la Ley de Personal Militar, implica que el militar queda transitoriamente sin funciones por un máximo de un año. Todavía no implica ninguna degradación, es para relevarlos del cargo, que no tengan funciones mientras se los investiga disciplinariamente de acuerdo al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
Entre las sanciones que les pueden caber por la investigación disciplinariamente sí puede caberle hasta la destitución.
Luego de iniciar una actuación administrativa, que permitió determinar las inconsistencias, se inició una causa en el Juzgado Federal N° 2, para determinar las responsabilidades de las personas involucradas, quienes ya fueron separadas de sus cargos.
La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, a partir de anomalías que se descubrieron en febrero de 2026, al detectarse suplementos improcedentes abonados a cinco agentes.
Según la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un total histórico de $ 981.148.567,88. Los pagos superaban los haberes liquidados o carecían completamente de respaldo.
La revisión técnica comparó las liquidaciones, los recibos publicados, los lotes enviados al Banco Nación y las confirmaciones bancarias, que se habrían modificado manualmente registros y archivos después de los controles ordinarios y antes de su envío al banco. Luego, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los importes adicionales no aparecieran en los recibos.
"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley", expresó la Armada a través de un comunicado.
Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada Argentina, fue quien realizó la presentación ante la Justicia.
Las irregularidades no parecían errores generalizados: estaban concentradas en beneficiarios recurrentes y seguían un mecanismo reiterado. Las acreditaciones indebidas se incorporaban al proceso mensual de pago de más de 24.000 personas, junto con los haberes legítimos. La denuncia sostiene que esta modalidad permitía eludir los controles aplicados antes de generar los archivos bancarios. Además, el texto detalla que cuatro beneficiarios sin vínculo con la Armada recibieron 184 acreditaciones por $ 434.200.718,04, el 44,25 % del total, entre ellos María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz.
Prieto, quien recibió pagos por $ 152.259.495,86, es cónyuge de Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista.
En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía esas acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente sus destinatarios e importes para favorecerlos económicamente. También habría manifestado que ninguna otra persona participaba en esas decisiones. Sus declaraciones serían concordantes con los registros analizados.
La investigación interna también permitió detectar pagos a personal vinculado con la Armada. Roberto Eduardo Castro habría cobrado simultáneamente haberes en el exterior y en el país, pese a que el sistema lo excluía automáticamente del pago local. Su cónyuge, Luana Magalí Piedigrossi, habría recibido acreditaciones durante una licencia sin goce de sueldo. La Justicia deberá evaluar cada caso.
Hasta la presentación se habían restituido $42.574.267,63, por lo que quedaban $938.574.300,25, sin que las devoluciones alteren el monto histórico denunciado. La Armada reforzó los controles, separó las funciones de liquidación, pago y conciliación, relevó preventivamente a Atanasoff y preservó los equipos y archivos.
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