En el horizonte de la Casa Rosada se vislumbra un nubarrón sobre el que nadie tiene certeza alguna si será "pasajero" o si se trata del presagio de una tormenta. La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 resultó razonable a nivel macroeconómico -precio del dólar, inflación, crecimiento- pero corre el riesgo revivir un escenario conflictivo por el que el Gobierno pagó un alto costo la vez anterior.
En primer lugar, reaviva una disputa que parecía saldada. El texto deroga artículos que había negociado con la oposición aliada en un área tan sensible como la discapacidad que ocupa y preocupa a casi 6 millones de personas y a sus respectivos familiares. Propone regresar a un esquema de pensión por invalidez que no llega a los $300 mil y que se le da de baja si el beneficiario tiene un empleo. ¿Quién puede vivir con ese dinero sin un ingreso extra? También deja en manos de las obras sociales y de las prepagas el monto destinado a los prestadores.
El otro frente abierto -porque nunca se cerró- es la pelea con las universidades. El Gobierno ya ha incumplido la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso pese a los vetos presidenciales y convalidada por la Corte Suprema. Y en la distribución de partidas para el próximo año hay una diferencia de más de 4 billones de pesos entre los 7,3 que propone y los 11 billones que reclaman las casas de estudio.
Ambas disputas chocan de frente con la histórica posición que han tenido y mantienen dos socios de La Libertad Avanza como el PRO y la UCR. Pero además, son banderas que varios de los gobernadores aliados no están dispuestos a defender ante sus comprovincianos.
Patricia Bullrich en la reunión de comisión por la reforma política. Foto: Fernando de la Orden
La espesura que adquiere la relación entre los gobernadores y los Milei apila antecedentes. Esta semana, el oficialismo en el Senado debió pasar a un cuarto intermedio, sin fecha, el proyecto de reforma política que plantea la eliminación o suspensión de las PASO. Es la prioridad de Karina Milei que no oculta en reuniones privadas que su principal interés es garantizar la reelección de Javier Milei. Pero no están los votos.
"No hay número para ninguno de los aspectos de la reforma. Salvo ficha limpia, siempre y cuando se vote por separado", admitió un senador radical.
El vínculo con los mandatarios provinciales tiene sus bemoles. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se propuso recibir entre miércoles y jueves a media docena de los gobernadores aliados y asegurar que acompañarán. Algunos, en privado, admiten que las condiciones cambiaron y no votarán cualquier proyecto del Ejecutivo porque sus distritos empiezan a ingresar en modo electoral, y todas las decisiones se hacen con la mirada puesta en las urnas. Todos quieren reelegir el año que viene.
Algunos son menos reservados que otros. "La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, ayudamos", afirmó el salteño Gustavo Sáenz, tras el encuentro con Santilli. Dura advertencia de un aliado.
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Foto: Cristina Sille
Reforma política, fondos para discapacidad y universidades. Demasiados problemas tiene ya el Gobierno con la situación económica de millones de familias por el empleo, el aumento de sus gastos, la baja del consumo y el endeudamiento, como para sumar nuevos frentes de conflicto, en un contexto pre electoral. ¿Tendrá la Casa Rosada la capacidad para discernir entre un nubarrón y una tormenta?
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