La ciudad estadounidense de Denver, Colorado, y varias organizaciones de derechos civiles demandaron este jueves al Gobierno del presidente, Donald Trump, para impedir que agentes federales armados de inmigración ejecuten órdenes judiciales en centros de votación, al considerar que su presencia puede disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho al voto.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington, sostiene que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, permiten que agentes federales apliquen las leyes de inmigración civil en los centros electorales, algo que los demandantes consideran contrario a las normas que protegen las elecciones.
Mullin aseguró la semana pasada que el ICE no está patrullando los centros de votación y afirmó que los agentes solo acudirían a uno de estos lugares si existiera una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial.
Los demandantes basan parte de su argumento en una ley federal que prohíbe la presencia de personal militar u otros agentes armados en lugares donde se celebren elecciones generales o especiales, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
Los demandantes, en su mayoría organizaciones que protegen a la población hispana, aseguran haber documentado varios incidentes desde la primavera.
Entre ellos citan un operativo en mayo en un centro de votación durante las primarias de San Antonio, donde agentes armados detuvieron a una persona en el estacionamiento hasta que el sheriff del condado les ordenó abandonar el lugar, y otro episodio en junio, cuando agentes del ICE entraron en un centro de votación de Syracuse (Nueva York) para interrogar a una voluntaria electoral.
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