Más de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Ecuador exigieron este lunes el cese de los ataques que militares estadounidenses están llevando a cabo en aguas del Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas, que han sido señaladas por tener supuestos vínculos con el narcotráfico y el grupo criminal Los Choneros.
En un comunicado, las organizaciones expresaron su "profunda preocupación" frente a la escalada de operaciones, al menos cinco desde el pasado 28 de agosto, que, dijeron, incluyen un "abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas".
Estos bombardeos se realizan en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, según señalaron el Comando Sur estadounidense y el Ministerio de Defensa del país andino.
"Los hechos documentados ya no pueden ser tratados como episodios aislados pues existe una secuencia reiterada de intervenciones en rutas marítimas utilizadas habitualmente para faenas de pesca, incluidas aguas internacionales entre la zona económica exclusiva continental del Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos", añadieron.
Los grupos hacen un recuento de ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas ocurridos desde enero pasado, incluido uno en el que desaparecieron ocho personas, pero Estados Unidos y Ecuador solo han reconocido las cinco operaciones realizadas entre finales de agosto y este lunes.
De acuerdo con The Washington Post, los otros tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas registrados entre enero y marzo formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico, donde han sido destruidas decenas de supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y donde han muerto más de doscientas personas.
Las organizaciones señalaron que, pese a que el Gobierno ecuatoriano asegura que las operaciones en el mar se realizan con base en investigaciones e información de inteligencia, "no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostengan dichas acusaciones".
El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 pescadores que llegaron al país tras ser detenidos en dos de las operaciones realizadas por EE.UU. el miércoles y el jueves, pues la Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas de la realización de algún delito.
"La sospecha de una actividad ilícita no convierte a una persona en objetivo militar ni habilita la desaparición, la tortura, los tratos crueles o la destrucción automática de sus medios de trabajo", afirmaron los defensores de derechos humanos, que contabilizaron al menos 143 pescadores involucrados.
Los grupos declararon como persona non grata al jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, y pidieron que se investigue en Estados Unidos su posible participación en graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales.
Además, exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares colectivas urgentes a favor de la comunidad pesquera de la provincia de Manabí, de donde son los capturados.
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