La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó este lunes suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
Según el fallo, al que tuvo acceso Clarín, la jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la ley. "Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia", sostuvo en su decisión.
Para justificar la medida, el tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.
Según la jueza, si bien se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento, situación que fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia según información aportada por el propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
La decisión de la jueza llega luego de que este lunes fue oficializada la ley mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece cómo se aplicará en la práctica el nuevo sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal.
La ley fue sancionada en febrero de este año por el Senado, que dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación, registrada el 9 de marzo.
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