Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, en la conferencia de lanzamiento de la coalición hemisférica contra los carteles de la droga, propuso como lema: “Hacemos cosas malas a la gente mala”. El secretario de Guerra, como prefiere llamarse, busca militarizar la lucha contra el narcotráfico siguiendo el corolario Trump – Monroe, incluso con acciones terrestres y mayor implicación del Comando Sur.
Todo dentro del Escudo de las Américas, la iniciativa regional de la Casa Blanca contra el crimen organizado. Según la Estrategia de Seguridad Nacional el narcotráfico y la migración ilegal son dos de las mayores amenazas para su seguridad interior. De ahí su cruzada contra el narco terrorismo, iniciada en la segunda mitad de 2025 con la operación Lanza del Sur, y sus 68 narcolanchas hundidas y 227 muertos.
Para Hegseth hacer cosas malas a gente mala justifica cualquier medida de fuerza y no perjudica a inocentes. Ahora bien, el riesgo de sobreactuar el protagonismo estadounidense, como con el petróleo venezolano, es despertar al antiimperialismo dormido desde hace años.
Si la extracción de Nicolás Maduro se hubiera producido décadas atrás, la calle latinoamericana hubiera estallado, lo que hasta ahora no ocurrió, ni siquiera con las presiones sobre Cuba. Pero esto puede cambiar de un momento a otro, con consecuencias imprevisibles para los amigos de Donald Trump, gobiernen o no, como lo está sintiendo Flavio Bolsonaro.
Lo de hacer cosas malas a la gente mala bien podría haberlo dicho Nayib Bukele, cuya política contra las pandillas es “el” modelo regional y su mega cárcel, el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el mayor símbolo de su emprendimiento. Si bien el lenguaje, cuanto más brutal y soez mejor, es la herramienta privilegiada de la batalla cultural, tengo serias dudas de que el discurso MAGA de Hegseth termine haciendo escuela en América Latina.
La actual ofensiva se enmarca en el giro regional a la derecha y en las demandas sociales de “mano dura” y mayor seguridad, de las que se han apropiado los gobiernos alineados con Washington, aprovechando el regalo del progresismo que se desentendió del tema cuando estuvo en el poder.
La autorización del colombiano Abelardo de la Espriella para lanzar operaciones conjuntas con EEUU contra el narcoterrorismo es solo un paso en esa dirección, seguido por la reunión en Ecuador del jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, con militares colombianos y ecuatorianos para actuar conjuntamente en la frontera común. A la cruzada de Hegseth contra el crimen organizado se han sumado Colombia, Ecuador, Honduras y Jamaica y está pendiente de precisarse el papel de Guatemala.
Sin embargo, pese a las grandilocuentes promesas de las campañas electorales y a los discursos de mano dura, hay serias resistencias para que estas políticas den los frutos esperados.
Los ejemplos abundan, comenzando por el fracaso de la reforma constitucional chilena en materia de seguridad, dada la negativa de parte de la coalición de derecha y centro derecha que respalda al gobierno a impulsar políticas autoritarias.
Ecuador es otro caso relevante. Daniel Noboa ha gobernado desde su llegada al poder, en noviembre de 2023, con estado de excepción por más de 900 días. Al declarar el “conflicto armado interno” pudo desplegar a los militares junto a la policía.
Un fallo de la Corte Constitucional limitó la aplicación de las medidas extraordinarias, que pasaron de aplicarse en todo el país a diez provincias y tres cantones. Pese a las restricciones impuestas a la libertad de movimiento y otras libertades individuales, no se han obtenido resultados tangibles.
En Perú, Keiko Fujimori ha debido esperar un mes para enviar al Congreso su pedido para gobernar durante 120 días por decreto y con poderes extraordinarios en materia de seguridad y otras cuestiones prioritarias. Si bien su partido, Fuerza Popular, tiene una posición dominante en ambas Cámaras, el primer borrador que circuló fue descartado ante serios cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo.
Por otra parte, en el otrora remanso democrático costarricense la violencia asociada al narcotráfico ha crecido de forma sostenida, agravada por el artificial enfrentamiento con el Poder Judicial creado por la presidenta Laura Fernández, admiradora declarada de Bukele.
Las causas para aplicar la mano dura más allá de la retórica son múltiples. Algunos gobiernos no terminan de asimilar narcotráfico con terrorismo o narcoterrorismo, dado el rechazo que esto genera en parte de la población. Pero hay más.
En algunos países, las débiles estructuras del Estado junto a la corrupción y la infiltración de los carteles complican la lucha. En otros, las dificultades surgen de la oposición de ciertas instituciones y partidos políticos a violar la legalidad, limitando la mano dura.
Está claro que la presencia transnacional de los carteles requiere respuestas regionales, con un aumento de la cooperación, la coordinación y la colaboración intergubernamental en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los mercados ilícitos.
Pero esto no se logra solo con invocar la mano dura o calificar a 24 carteles como organizaciones narcoterroristas, como hace EEUU. Para avanzar hay que respetar la legalidad interna e internacional, ya que muchos de los logros podrían terminar siendo temporales y fácilmente revertidos por la justicia. Una lucha tan necesaria y desigual exige medidas extraordinarias, pero no a cualquier precio.
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