Constitucionalismo, democracia y representación

La Argentina enfrenta, en estos tiempos, un desafío institucional estructural difícil de sortear, que agrava las dificultades que la coyuntura nos viene imponiendo. Me refiero a dificultades muy extendidas, y que nos llevan a pensar en un esquema institucional que ya no sirve (ni va a volver a servir) para los “nobles” propósitos para los cuales fue diseñado -ganar legitimidad social, favorecer la estabilidad política, etc.

Contamos con una estructura constitucional que -como un traje bien diseñado, para el cuerpo de un niño- fue pensada para un cuerpo social que ya no está, que ha crecido y cambiado radicalmente. El “traje constitucional” ha quedado chico, y por ello mismo no sorprende que no sirva para cumplir las funciones para las cuales fue imaginado.

Pensemos en las columnas vertebrales del constitucionalismo: Separación de Poderes, Frenos y Contrapesos (“Checks and Balances”), Declaraciones de Derechos, etc. Todas esas “nobles” creaciones vinieron a servir a sociedades estamentales o de clases, que ya no existen.

Para ilustrar lo dicho: cuando en Inglaterra se creó una Cámara de los Lores y otra Cámara de los Comunes, la idea era que cada bloque de intereses sociales “relevante” contara con un espacio institucional propio, desde el cual promover sus iniciativas, y poner límites a las del grupo contrario.

De modo similar, cuando en los Estados Unidos se creó el Senado, se lo hizo de modo tal (vía elecciones indirectas, requisitos de dinero o propiedad, etc.), de garantizar que dicha Cámara fuera la Cámara de los ricos, del mismo en que se pensaba que la Cámara Baja iba a ser ocupada por las clases menos aventajadas.

Así, cada “bloque de intereses” tendría así su propia “rama de gobierno”, desde la cual “frenar y balancear” los intereses de las demás. Ese esquema dejó de funcionar del modo esperado en el siglo xx, con la llegada del sufragio universal. Entonces, aparecieron infinidad de nuevas demandas, que amenazaron con hacer estallar a todo el sistema.

Ése fue el drama que ocupó las reflexiones de los grandes pensadores del tiempo: Max Weber, Joseph Schumpeter, Robert Dahl. El sistema -como señalaría más tarde Samuel Huntington- aparecía “sobrecargado” de demandas que no estaba capacitado para procesar.

Sin embargo, y como tempranamente advirtiera Max Weber, nuevos desarrollos institucionales permitieron la sobrevivencia del sistema y, más que ello, facilitaron la llegada de los “30 años gloriosos”.

Entre esos desarrollos destacan, de modo notable, el crecimiento de la administración pública (y, decisivamente, del Estado de Bienestar); el fortalecimiento de los sindicatos; y la irrupción de los partidos políticos de clase. Los partidos políticos, en particular, permitieron “volver a encapsular” a esa multiplicidad de demandas dispersas.

Para decir lo mismo con algunos ejemplos: los partidos Laborista y Conservador, en Inglaterra, “suturaron” al traje constitucional que aparecía “deshecho”, permitiendo que las clases sociales principales volvieran a resultar “incluidas” institucionalmente, ganando injerencia en el proceso de toma de decisiones.

De modo similar, en la Argentina, los partidos Peronista y Radical en el Congreso, facilitaron que las clases sociales principales -baja y media- quedaran de algún modo representadas, y ganaran poder institucional, desde donde ejercer influencia y equilibrar a los intereses contrarios.

Lamentablemente, en los últimos 30 años, las condiciones sociales, económicas y culturales sobre las cuales el sistema institucional se encontraba diseñado, cambiaron de manera radical. Atravesamos una transición desde las viejas sociedades de clases -divididas en pocos bloques, con intereses homogéneos y estables- a sociedades multiculturales, fragmentadas en innumerables grupos con intereses heterogéneos e inestables -sociedades, además, pulverizadas en cuanto a intereses económicos diversos.

La situación es más compleja todavía: décadas atrás, que alguien fuera “obrero” nos permitía predecir lo que esa persona querría en muchas otras áreas de su vida.

Hoy, nadie se define por una sola faceta de su personalidad, del mismo modo en que el hecho de que alguien sea un obrero no nos permite predecir nada sobre lo que esa persona dirá en relación con otras cuestiones “relevantes”: inmigración, armas, drogas, aborto, etc.

En síntesis: el constitucionalismo parecía bien preparado para representar los intereses de diferentes clases sociales en tanto bloques homogéneos (pobres, ricos, clase media), pero se muestra incapaz para incorporar (mucho menos, de modo estable) las preferencias de grupos diversos y heterogéneos.

Los resultados son más bien trágicos. Nos encontramos hoy con una ciudadanía que, con razón, se siente irrepresentada; clases dirigentes que se convierten en “castas”; instituciones que son “capturadas”; un sistema institucional que “no funciona/no responde”: todo un caldo de cultivo ideal para la emergencia de líderes populistas, extravagantes y autoritarios.

Así produce una quiebra entre constitucionalismo y democracia (entre sistema institucional y ciudadanía): esa vieja relación (constitucionalismo y democracia) se ha roto. La pregunta principal que aparece, entonces, es la que nos corresponde hoy plantearnos, esto es, ¿cómo volver a tender puentes entre constitucionalismo y democracia? O mejor, ¿cómo democratizar, de una vez, a nuestro enmohecido, ineficaz, languideciente sistema constitucional?