La vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza, sancionada el 20 de agosto por Washington, dijo este lunes en una entrevista a EFE que los grupos de solidaridad con la isla en Estados Unidos no están adoctrinados políticamente, ni mucho menos por nosotros (el ICAP).
Rabaza asistía al acto de bienvenida al velero Astral, de la ONG Open Arms, cargado con siete toneladas de ayuda humanitaria.
La vicepresidenta fue parte del último paquete de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, en el que también fueron designados el presidente del ICAP, Fernando González Llort y la directora para Norteamérica, Leima Martínez.
El ICAP, como organismo, ya había sido sancionado el 4 de junio de 2026. Para Washington, el Instituto opera como una red de influencia, propaganda y "subversión" en territorio norteamericano.
También aparece en el informe del Departamento de Estado de EE.UU., respaldado por el secretario de Estado Marco Rubio y titulado 'Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI'. El informe acusa al ICAP de operar como fachada de inteligencia para fomentar redes subversivas.
"El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos", dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando anunció las sanciones contra los dirigentes del ICAP.
Nosotros lo que tenemos en Estados Unidos es un movimiento de solidaridad con Cuba, que surgió por encima del ICAP y de cualquier organización cubana, respondió a EFE Rabaza, quien describió la misión de los grupos de solidaridad como una lucha contra el bloqueo que mantiene Washington sobre la isla. Es un movimiento de paz, de amor y de voluntad de hacer, aseguró.
El 1 de julio, el miembro del ICAP, Carlos Antonio Lloga Domínguez fue detenido para ser expulsado, junto a su esposa y su hijo, por agentes federales de Estados Unidos acusado de "agente subversivo".
Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.
La presión de EE.UU. está teniendo un evidente costo social en Cuba, con los apagones que imposibilitan una vida cotidiana mínimamente normal.
El transporte público prácticamente desapareció, los hospitales ofrecen servicios mínimos, la industria está paralizada y, con los cortes eléctricos, los bancos, las oficinas estatales y las telecomunicaciones apenas funcionan.
Se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales, provocando también un aumento en el descontento social con protestas pacíficas y esporádicas.
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