Una mujer de 63 años fue condenada por la Suprema Corte de Tasmania tras fingir durante casi una década la existencia de una niña que nunca nació para cobrar subsidios del sistema de bienestar social australiano.
Athena Murray, madre de ocho hijos, se declaró culpable de dos cargos por obtener ventajas financieras mediante engaño y por suministrar información falsa a Medicare —el sistema público de seguro de salud universal de Australia—entre 2009 y 2017.
Según detalló el Daily Mail, el engaño implicó 51.760,46 dólares en beneficios del sistema Centrelink —la agencia de servicios sociales australiana— a los que no tenía derecho.
Cómo armó la trampa: un bebé con nombre, partida de nacimiento y número de Medicare
En marzo de 2009, Murray registró en el estado de Tasmania el nacimiento de una beba llamada Hayley Maree Murray, supuestamente nacida el 26 de marzo de ese año en su casa de Sheffield, con un peso de 3.595 kg y 40 semanas de gestación.
La niña ficticia compartía nombre, segundo nombre y fecha de nacimiento con la hija real de su pareja de entonces, Colin Morris. La jueza Kate Cuthbertson concluyó que esa similitud no fue casualidad: fue un recurso para recordar los datos con facilidad si alguien preguntaba.
La niña imaginaria tenía nombre, peso y fecha de nacimiento; una denuncia anónima en 2017 expuso el fraude de 51.760 dólares. Foto: Instagram/@murray_athena.
Murray inscribió a la niña en Medicare en 2012, presentó un formulario de objeción de conciencia a la vacunación en 2013 y la declaró como hija a cargo en múltiples trámites de asistencia social. Cada acción estaba orientada a sostener el cobro del Family Tax Benefit y el Baby Bonus.
Durante esos ocho años, Centrelink le envió periódicamente recordatorios de sus obligaciones como beneficiaria. Murray respondió a cada uno sin fisuras.
En octubre de 2017, el Departamento de Servicios Humanos inició una revisión de los beneficios de Murray tras un aviso de un ciudadano.
Los investigadores consultaron registros de Medicare, Medibank Private, la empresa de ferries TT Line y pasaportes del Departamento de Relaciones Exteriores. No encontraron ningún rastro de Hayley Murray: ni consultas médicas, ni viajes, ni pasaporte.
El 24 de octubre de 2017, la Policía Federal Australiana ejecutó órdenes de allanamiento en su casa de Airlie Beach, Queensland.
Una semana después, Murray llamó a Centrelink y pidió dar de baja a una niña de su tarjeta. Cuando le preguntaron cuándo había dejado de tener a la niña a cargo, respondió: "Hace bastante tiempo".
La Suprema Corte de Tasmania la condenó a dos años y cuatro meses, y le ordenó restituir más de 33.000 dólares al Estado. Foto: Instagram/@murray_athena.
En esa misma llamada, Murray cambió su relato: dijo que Hayley había nacido muerta, que enterró el feto en el jardín de su casa en Sheffield y que nunca registró el deceso porque todo ocurrió antes de las 24 semanas de gestación.
"En mi mente estaba tratando de mantenerla viva", le dijo a la operadora de Centrelink.
Días después presentó ante el Registro Civil de Tasmania un formulario de reconocimiento de pérdida de embarazo temprana, en el que indicó que Hayley había nacido a las 23 semanas con 380 gramos, en contradicción directa con la partida de nacimiento que ella misma había registrado en 2009, que consignaba un parto a término con un bebé de 3,5 kilos.
La hija mayor declaró en su contra
Un elemento central del juicio fue el testimonio de Cassandra Elliott, la hija mayor de Murray, quien en 2009 había firmado una declaración jurada afirmando haber asistido al parto de Hayley.
Cassandra declaró ante la corte que nunca presenció ningún parto en 2009, que se enteró de la existencia de "Hayley" recién cuando los agentes federales allanaron su propia casa en 2017, y que en una llamada telefónica posterior su madre le reconoció haber "inventado un hijo falso".
También relató que en 2019 Murray le anticipó que tenía intenciones de culpar a otros miembros de la familia y alegar que había tenido un bebé nacido muerto. Tras esa conversación, Cassandra decidió cortar el contacto con ella.
Durante el proceso, Murray sostuvo que su entonces pareja la había presionado para realizar los trámites y que temía represalias si no lo hacía. Morris murió en 2019 sin haber sido imputado.
La jueza Cuthbertson rechazó ese argumento. En sus fundamentos de sentencia del 6 de noviembre de 2026, determinó que la evidencia establecía que Murray actuó por iniciativa propia.
"Presentó una deshonestidad fundamental. En definitiva, concluí que no podía aceptar ningún aspecto de su testimonio a menos que estuviera corroborado por evidencia objetiva y creíble", escribió Cuthbertson.
La magistrada también señaló que Murray involucró a su hija mayor en el delito al hacerla firmar una declaración jurada falsa, circunstancia que consideró agravante. "La evidencia tiende a sugerir que este delito estuvo motivado por la codicia y no por la necesidad", agregó.
La condena y la orden de restitución
La jueza Cuthbertson impuso una pena total de dos años y cuatro meses de cárcel, con liberación a los 12 meses bajo un reconocimiento personal de 5.000 dólares y una obligación de buena conducta por tres años.
Murray también fue condenada a restituir al Estado 33.342,30 dólares, equivalente a la porción de los beneficios cobrados dentro del período que la ley permite reclamar.
La magistrada describió el comportamiento de Murray como "prolongado, descarado y sofisticado", destacó sus antecedentes por robos en 1997, 2000, 2003 y 2010, y concluyó que no mostró "ningún remordimiento genuino".
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