“Hay personas pueden pagar su alquiler a largo plazo, pero si nos echan, mucha gente se convertirá en vulnerable porque encontrar un piso asumible o ahorrar para una entrada o una fianza resulta imposible”.
Ivan Giesen, de 69 años, describe así su situación de vivienda, común en las grandes ciudades españolas, donde el precio alquiler se lleva la mayoría del sueldo.
Afincado en Barcelona y pese a su edad, Ivan sigue ejerciendo de profesor de inglés. Después de 27 años en el mismo piso del barrio Poblenou, ahora se enfrenta a perder su casa.
Según le explicó a La Vanguardia, la propiedad quiere recuperar la vivienda para completar la reforma del edificio, ofreciendo pisos más pequeños por hasta 1.700 o 1.800 euros al mes.
Giesen creció en Sudáfrica, hijo de padres de origen belga, y llegó a la capital catalana en 1999 para ganarse la vida como profesor de inglés a través del sistema de academias privadas, en pleno auge por aquel entonces. Hoy es autónomo.
En este sentido, explica que siguió trabajando para conseguir la cotización para jubilarse y, a pesar de haberla completado, dejar de trabajar no es una opción ante el coste actual de la vida, tampoco buscar una alternativa en el mercado actual de alquiler.
“Sigo trabajando y el alquiler se lleva más del 50% de mis ingresos, a veces hasta el 70%”, asegura.
Ivan Giesen tiene 69 años y trabaja como profesor de inglés. Foto: Cedida/La Vanguardia
Pisos más pequeños, alquileres más altos
El conflicto que envuelve su caso se concentra en un bloque de la calle de Ramon Turró. Las obras comenzaron en 2019. Según Giesen, la reforma transforma las plantas de dos viviendas en plantas de tres. Calcula que su piso tiene unos 85 metros cuadrados y sitúa los nuevos entre los 45 y los 55.
Su permanencia impide completar la redistribución de la planta, explica. También asegura que algunas viviendas se han anunciado a través de una inmobiliaria de lujo. “Es una de las razones por las que no me quieren a mí, porque no soy un inquilino rentable, hay pisos reformados que alcanzan los 1.900 euros, con eso amortizan la reforma muy rápido”, sostiene.
El calendario judicial comenzó después de las prórrogas extraordinarias de la pandemia. Giesen explica que el contrato debía finalizar en el 2020 y que se acogió a dos extensiones de seis meses. La demanda llegó en el 2021. La primera instancia dio por terminado el arrendamiento y, según relata, la Audiencia Provincial lo confirmó en el 2024.
Desde entonces, precisa, los 730 euros que abona tienen la consideración de indemnización vinculada a la renta anterior. Con el apoyo del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos) y del Sindicat d’Habitatge del Poblenou (Sindicato de Vivienda del Poblenou), Giesen consiguió frenar dos intentos de desahucio: el de enero del 2025 y el de junio del 2026.
Según explica, el segundo quedó paralizado tras un escrito de su abogado, con el respaldo del sindicato, que alegaba defectos de procedimiento. Ahora, espera una mediación con la propiedad antes de que pueda fijarse otra fecha.
Barcelona, una de las ciudades más afectadas y transformadas por la crisis de los alquileres. Foto: Archivo
Los intentos por conservar su casa
La reforma también arrastra un conflicto sobre la vivienda protegida. El Sindicat de Llogateres denuncia que el proyecto, enmarcado en el planeamiento del 22@, comportaba obligaciones que la propiedad no ha cumplido.
El Ayuntamiento confirmó a betevé que la licencia para incrementar el número de viviendas estaba condicionada a crear pisos de protección oficial y que cuatro habían iniciado los trámites de calificación provisional.
De acuerdo a lo que explica Ivan, la entidad que posee el edificio tiene 34 propiedades y es considerada gran tenedor, motivo por el cual también se aplazaron los lanzamientos.
Las alternativas generales de la ciudad tampoco llegan con rapidez por la vía de la construcción. Según el Idescat, Barcelona terminó 1.434 viviendas de nueva planta en el 2025, frente a las 1.884 del año anterior. De las terminadas en el 2025, 644 eran de protección oficial.
Giesen ve en su caso un riesgo que se extiende a otros inquilinos. La mediación todavía no se ha celebrado, asegura. Espera alcanzar un acuerdo para renovar el alquiler y continuar en el piso donde ha pasado casi tres décadas. A los 69 años, sigue trabajando mientras intenta conservar su casa.
Pau Ortiz, La Vanguardia
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Los números que explican por qué la vivienda se convirtió en una crisis en España.
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