Los dólares que no queremos generar

Desde fines de 2019, el Gobierno nacional restringe la compra de dólares oficiales con destinos no comerciales, con el objeto de evitar movimientos bruscos del precio de la moneda extranjera que desestabilicen luego otras variables de la macroeconomía.

Esta intervención sobre el mercado cambiario refleja la debilidad de la política económica, particularmente expuesta en un año de elevados precios de las commodities, que agregan un extra estimado de 10.000 millones de dólares al flujo de divisas comerciales que genera el principal sector exportador del país.

El cepo sobre la compra de dólares es consecuencia de un escenario que combina reservas escasas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), abundante cantidad de pesos en la economía producto de la gran emisión para financiar gastos del Tesoro, y un clima generalizado de desconfianza respecto del rumbo de la economía. Además del rol que se le ofrece al sector privado en el modelo de desarrollo y de la capacidad del Gobierno para implementar un plan integral y consistente que permita avanzar en la resolución (o al menos en la no profundización) de los importantes problemas que aquejan al país.

En este precario escenario, en el que el Gobierno decidió reemplazar al mercado nada menos que en la administración de las divisas que ingresan al país, la preocupación del sector privado se profundiza.

Esto sucede frente a ciertas medidas de política económica que se ubican a contramano de lo que se necesita para recuperar el crecimiento y salir de los distintos cepos, que no es otra cosa que un gran shock de confianza (de los propios argentinos) que derive en capitalización y en creación de nuevas empresas con vocación de integración al mundo.

En la cadena agroindustrial, protagonista inexorable de cualquier proceso de desarrollo con alguna chance de ser exitoso, en un contexto de globalización y fuerte competencia, la suspensión de las exportaciones de carne bovina establecida en mayo cayó realmente mal.

Esa determinación representa, justamente, lo que muchos entienden que no debe hacerse en el actual contexto; medidas de este tipo son las que hacen realmente difícil salir de los controles y las restricciones cambiarias.

Sucede que la intervención ejercida sobre el comercio exterior de la carne bovina no sólo violenta reglas de juego muy básicas en economías capitalistas modernas (empresas que no pueden decidir en libertad a quién vender) y daña la confianza de todos aquellos que están involucrados en el negocio de exportación de commodities y alimentos. Su vigencia complica, además, la tarea difícil y de alto riesgo de administrar divisas en un escenario inflacionario y con sobreabundancia de pesos.

Nótese que la cadena de la carne bovina no es un jugador menor en el comercio exterior argentino. El sector ocupó el quinto lugar en el ranking de complejos exportadores, con un flujo de 3.400 millones de dólares en 2020.

Más aún, es de los pocos complejos exportadores que venían en expansión en los últimos años, de la mano de las ventajas comparativas que se tiene en la producción de alimentos y también de un escenario internacional excepcionalmente favorable, como es la irrupción de China como fuerte importador de esta y otras carnes.

A contramano y en cascada

El costo directo de la medida no es menor. Estimando los volúmenes que se verían afectados por el nuevo marco normativo y tomando como referencia los precios internacionales de los últimos meses, la intervención (tal como está) tiene un costo anualizado de ingresos y divisas resignadas de aproximadamente 1.100 millones de dólares.

El cepo puesto a las exportaciones afecta a los principales eslabones de la cadena; en primera instancia, a los frigoríficos exportadores, que deben recalcular toda su operatoria en un nuevo escenario de alta incertidumbre.

Luego a los productores ganaderos, ya que la demanda de animales para faena se reduce y el mayor riesgo del negocio de exportación se traslada como penalidad a los precios de la hacienda.

Para tener una referencia, entre mayo y julio, mientras el precio del novillo (animal en pie, a precios en dólares corrientes) se valorizó entre un cuatro por ciento y 10 por ciento en los países vecinos, en Argentina perdió ocho por ciento de su valor.

Pero sus efectos negativos también se extienden hacia otros sectores productivos, por caso, proveedores de productores ganaderos y de la propia industria frigorífica.

El menor incentivo a invertir en la producción de ganado y de carne reduce la demanda esperada en empresas de fabricación de maquinarias, de elaboración de medicamentos veterinarios, de alimentos balanceados para animales, de producción de materiales para envases y embalajes, entre otros insumos.

También penaliza a empresas de tecnología (agtech), a emprendimientos y a emprendedores que vienen desarrollando (muchos de ellos en la provincia) nuevas soluciones que incrementen la eficiencia y la competitividad de la producción agropecuaria, la industria, el transporte o el comercio de alimentos.

Los únicos que ganan a partir de este tipo de medidas son aquellos con quienes Argentina disputa los mercados de exportación, por caso, varios de nuestros vecinos.

En los últimos meses, tanto Brasil como Uruguay incrementaron sus exportaciones de carne y, seguramente, parte de la mejora se explica en la ocupación de los espacios vacíos que deja Argentina en el mercado.

En julio se produjo también un fenómeno ya visto en otros años de intervención al mercado, pero que sigue dejando perplejos a quienes conocen el potencial de unos y otros. Se trata de Uruguay, que exportó más volúmenes de carne y generó más divisas que Argentina. En el caso de Brasil, el líder regional, las restricciones autoimpuestas por el país amplían la distancia que viene sacando el socio mayor del Mercosur.

El gran proveedor del mercado mundial tiene una producción exportable y una generación de divisas por la carne bovina que equivalen a cinco veces la de Argentina.

* Economista y jefe del Ieral de Fundación Mediterránea