La creación de un impuesto mínimo global tiene el apoyo de 130 países
Unos 130 países respaldaron la creación de un impuesto mínimo global como parte de un esfuerzo mundial para evitar que las empresas multinacionales eludan impuestos al trasladar sus ganancias a países con tasas bajas, anunció el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
El acuerdo también prevé gravar a las empresas mundiales más grandes en países donde obtienen ganancias a través de negocios en línea aunque no tengan presencia física.
El anuncio siguió a una propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de crear una tasa de al menos el 15%
Dos pilares
El mecanismo consensuado se estructura en dos “pilares” para el reparto sobre una base estandarizada de gravámenes a grandes empresas entre todos los estados en los que tengan actividad, al margen de que posean o no sedes sociales allí.
Con el primer pilar, concebido en particular para la actividad digital, pero que no se limitará a ese sector, se abarcará a todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20 mil millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10%.
Todos los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250 mil, en el caso de pequeños estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar.
Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad.
La Ocde ha calculado que con ese procedimiento se van a redistribuir más de 100 mil millones de dólares anuales.
El segundo pilar se aplicará a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros, a las que se aplicará un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos 15%. El porcentaje definitivo tendrá que acabar de concretarse de aquí a octubre.
Gracias a la aplicación de ese nuevo tipo impositivo, superior al que aplican muchas jurisdicciones que alojan gracias a eso grandes corporaciones, la Ocde estima que se generarán unos 150 mil millones de dólares anuales adicionales de recaudación fiscal que también se redistribuirán.
El acuerdo anunciado por la Ocde será discutido ahora por el Grupo de los 20 países más desarrollados durante reuniones a finales de este año, con la esperanza de ultimar los detalles en octubre e implementar el acuerdo en 2023.
En Estados Unidos, Biden ha propuesto una tasa mínima del 21% sobre las ganancias en el extranjero de las grandes empresas estadounidenses con el fin de disuadirlas de trasladar las ganancias a paraísos fiscales. El impuesto estadounidense de Biden debe aprobarse primero en el Congreso, donde el presidente demócrata tiene apenas una mayoría estrecha.
Histórico
El secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, subrayó que “después de años de trabajo y de negociaciones intensas, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su justa contribución en impuestos en todo el mundo”.
Cormann insistió en que este acuerdo no pretende acabar con la competencia fiscal entre países, sino “limitarla” mediante reglas multilaterales, y “tiene en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos los de pequeñas economías y países en desarrollo”.
También hizo hincapié en que, por el bien de todos, ahora esto tiene que traducirse en “un acuerdo final” antes de que concluya 2021, como se había previsto.
Sin embargo, no han querido sumarse por ahora Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas.
Algunos de ellos, bajo presión para no quedar asociados a lo que sería una nueva lista negra de paraísos fiscales, ya han manifestado su disposición positiva para adherirse.
Es el caso de Irlanda, que desde hace años ha conseguido captar la sede europea de grandes multinacionales, en particular del sector digital, gracias a un tipo del 12,5 % en el impuesto de sociedades.
La Ocde considera que este plan constituye “una ayuda preciosa para los países que deben movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y sus finanzas públicas y al mismo tiempo invertir en los servicios públicos esenciales, las infraestructuras y las medidas necesarias para que la recuperación post-Covid sea fuerte y duradera”.
La próxima etapa, a finales de la semana próxima, es la reunión de ministros de Finanzas del G-20 (todos sus países miembro están en el grupo de los 130), donde se debería refrendar el nuevo dispositivo.