Etiquetar alimentos será beneficioso para todos
El proyecto de ley de etiquetado frontal de los alimentos, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación, pasó sin cambios las evaluaciones de las comisiones en la Cámara de Diputados, de modo que en breve debiera tratarse en sesión plenaria y –cabe suponer– ser aprobado.
El objetivo que se promueve con esta medida es cambiar el rotulado de alimentos y de bebidas sin alcohol envasadas. La propuesta contempla la inclusión de un sello de advertencia en la cara principal del producto por cada nutriente crítico en exceso: azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
La misma indicación se usará ante valores superiores en cafeína o el contenido de edulcorantes no recomendados para niños y adolescentes. Los productos así marcados no podrán ser vendidos en los colegios.
El formato del sello quedará pautado por la ley hasta en pequeños detalles. Deberán ser octógonos negros, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y su tamaño no podrá ser inferior al cinco por ciento de la superficie de la cara frontal del envase.
El abordaje de la cuestión ha sido lento, engorroso y plagado de desconfianzas. En la práctica, ha implicado un innecesario enfrentamiento, por ejemplo, entre los industriales de la alimentación y los nutricionistas, como si se tratara de buscar culpables en vez de acordar mejores mecanismos para que el consumidor ejerza sus derechos.
Mientras unos pretenden seguir discutiendo opciones y ponen como referencia las normas del Mercosur para intentar homologarlas aquí, otros se muestran ansiosos por aprobar el proyecto tal cual está, ya que cualquier modificación lo haría volver al Senado.
En realidad, aun si el proyecto es perfectible, las distintas organizaciones de la sociedad que participaron en su elaboración y análisis legislativos deben comprender que necesitamos avanzar hacia su promulgación y puesta en vigencia.
Toda ley es perfectible. El paso del tiempo y la recepción social permitirán detectar, en un futuro, las reformas que requeriría. El consiguiente diálogo entre los distintos sectores implicados permitirá hacerlo posible. Si en lugar de ello se fuerzan los acuerdos alcanzados en pos de un ideal, nunca tendremos ley.
Hay países de la región que la tienen hace años. Uruguay la puso en vigencia en 2018, luego de que el Mercosur aprobó el proyecto macro para la identificación de alimentos con alta presencia de grasa, azúcar y sal. Y siguió lineamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Para entonces, Chile ya había sancionado la suya, que contemplaba un cronograma que daba plazos a la industria para que se adecuara al nuevo esquema según algunos parámetros. Por cierto, en Chile se realizaron numerosas encuestas para dimensionar los resultados de su puesta en funcionamiento: en un tiempo relativamente breve, 80 por ciento de los chilenos afirmaron que habían modificado sus hábitos de alimentación gracias a las etiquetas de advertencia.
No se trata, entonces, de perjudicar a alguien, sino de legislar para beneficio de toda la ciudadanía.
