Cuando los incentivos fiscales dejan de tener efecto
Cuando el año pasado el sector de la construcción presentó a los legisladores un plan para blanquear capitales que se destinen a esta actividad, muchos se entusiasmaron pensando que sería un impulso para reactivar la economía golpeada por la pandemia.
En marzo de este año, el Congreso sancionó la ley, pero a casi un mes de su entrada en vigencia (el 12 de marzo), el programa todavía no se puso en marcha, porque ni siquiera fue reglamentado. Es más, no hay funcionarios que hablen del tema o hagan consultas con los involucrados para avanzar en la implementación.
Este silencio llama la atención. Sobre todo porque hay plazos que corren y el tiempo es exiguo. La iniciativa establece dos beneficios: por un lado, incentivos para quienes inviertan en obras con menos del 50 por ciento de avance; por el otro, un perdón fiscal para activos “en negro” con el mismo destino.
Para este blanqueo, hay que abonar un impuesto especial de 5, 10 o 20 por ciento, según el momento de adhesión. El primer tramo, con la alícuota más baja, aplica hasta los 60 días corridos posteriores a la vigencia de la ley. Este plazo se cumple el 11 de mayo y sólo puede ser modificado por el Congreso; una demora en la puesta en marcha podría dejar afuera el beneficio más conveniente y hacer que el programa fracase.
Suspicacias
Pero no es sólo esta razón de índole administrativa la que podría reducir al mínimo el impacto de este proyecto en la actividad inmobiliaria. Hay otras dos cuestiones que no favorecen.
La primera es la coyuntura. La inversión en inmuebles hoy está en un piso de rentabilidad, con precios que suben al ritmo del costo de la construcción, pero con valores locativos (netos de impuestos y gastos) muy reducidos. La nueva Ley de Alquileres, el flamante registro de Afip que anticipa mayores controles y lo vivido durante la pandemia, que cargó sobre los propietarios el alivio a los inquilinos, no mejoran el panorama.
En segundo lugar, hay un descreimiento generalizado en las promesas, no ya del Poder Ejecutivo de turno, sino también las que surgen de las leyes. Así como el Congreso vota un beneficio, mañana vota para que se lo elimine o para que se agrave la situación previa.
Los tributaristas escuchan todos los días los lamentos de los contribuyentes que ingresaron en el exitoso blanqueo anterior con una ley que bajaba la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales, y que en menos de tres años se la multiplicó por 10. Además, muchos de ellos ahora tienen que afrontar un “aporte solidario” que duplica lo pagado por ese impuesto patrimonial.
Ni hablar de lo sucedido con la alícuota del Impuesto a las Ganancias a las sociedades, que en lugar de bajar al 25 por ciento, se pretende subir hasta el 35%; aunque el proyecto habría entrado en standby, sigue generando temor entre los empresarios. O la marcha atrás a la reducción de Ingresos Brutos y Sellos que firmaron las provincias en el Consenso Fiscal y que ahora se les permite subir; o el freno a la mejora en las cargas laborales (el mínimo no imponible para las contribuciones quedó desactualizado por la inflación).
En definitiva, los incentivos tanto para invertir fondos declarados como para quienes se decidan a blanquear en el sector de la construcción servirán para beneficiar a quien ya tenía tomada la decisión de hacerlo, o darle el último empujón a quien lo estaba analizando. Pero difícilmente logren tentar para que lleguen los cientos de miles de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema.
Lo peor de todo es que el Estado se va quedando sin herramientas que podrían ser muy eficaces para que todo ese dinero se vuelque a dinamizar la economía y el empleo local; una necesidad imperiosa luego de una década de estancamiento.
