Aprueban ley que reconoce derechos a personas gestantes y atiende los casos de defunción fetal
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por mayoría una ley que promueve los derechos de las personas gestantes y que apunta a regular la actuación de los profesionales salud, así como de los centros de atención ante los casos de defunción fetal a lo largo del embarazo.
La iniciativa fue elevada por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, junto con el acompañamiento del oficialista Cristian Frías, el radical José Bría, y el juecista Juan Pablo Peirone, en una presentación que se gestó en un proyecto que habían presentado con antelación las exparlamentarias justicialistas María Emilia Eslava y Noelia Brizuela.
En el proyecto se describió que se entiende como “defunción fetal a la muerte del feto, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo”. Ante esto se estableció que la persona gestante tendrá derecho a:
tomar contacto con el feto o cuerpo sin vida
la intimidad y a ser tratada en forma digna, respetuosa y humanizada, con particular atención a sus consideraciones personales, éticas, interculturales y de género
no ser sujeto de estudios, exámenes, tratamientos o intervenciones con propósito de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito
designar a quien la acompañe durante el proceso a que se respete su decisión de no ser acompañada
recibir apoyo post internación y atención médica y psicológica a través de un equipo multidisciplinario.
Una de las incorporaciones que tendrá la ley sancionada será la posibilidad de que la persona gestante “tendrá derecho a que se confeccione un certificado médico de defunción fetal, el que será extendido por el médico que constate el fallecimiento o que intervenga en la extracción del feto”.
Además, se podrá solicitar la realización de un estudio patológico del feto. Por lo que el establecimiento de salud conservará el feto por un plazo máximo de 40 días corridos desde el alta del paciente o una vez realizado los análisis, en caso de que sean solicitarlos. Vencido dicho plazo, la institución dispondrá del feto.
El proyecto estableció también que el certificado de defunción fetal contendrá como datos obligatorios la edad gestacional y sexo del feto, y si fuera verificable: nombre y Documento de Identidad de la persona gestante, entre otra información aportante.
Al respecto, la legisladora Fernández hizo hincapié en la fundamentación de la iniciativa en el recinto en el principio de humanidad y el respeto por la dignidad de las personas gestantes y sus familias. “Más allá del dolor buscamos garantizar un marco que permita transitar este proceso con respeto, sensibilidad y apoyo profesional adecuado”, dijo.
“Este proyecto no sólo es una solución normativa, es un gesto de empatía y reconocimiento hacia una realidad que no podemos ignorar”, resumió.
El radical Bría agradeció el trabajo en conjunto de las bancadas en un proyecto que tuvo el acuerdo de la mayoría del cuerpo legislativo. “Hemos trabajado este tema con mucho cuidado porque es un tema delicado, con respeto y dando un aporte también desde el sentido común y el humanismo”, expresó.
Luciana Echevarría, legisladora de la izquierda, se abstuvo al momento de la aprobación y fundamentó en el recinto por qué presentó un proyecto de su autoría más integral que atiende otros aspectos, como protocolo y sobre la muerte perinatal.
“Tendrían que haber abordado otros puntos, sobre la muerte perinatal como lo venimos planteando, pero fue ignorado. Deberíamos tener un protocolo, capacitación al personal de salud… derechos más amplios de lo que se da en este debate”, remarcó.
Durante el tratamiento en la sesión estuvieron presentes en el recinto el director general de Salud Reproductiva, Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Salud provincial, Daniel Cofone; la directora del Registro Civil de la Municipalidad de Córdova, María Belén Blanda; y la subsecretaria de Coordinación, Carolina Martín.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por mayoría una ley que promueve los derechos de las personas gestantes y que apunta a regular la actuación de los profesionales salud, así como de los centros de atención ante los casos de defunción fetal a lo largo del embarazo.
La iniciativa fue elevada por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, junto con el acompañamiento del oficialista Cristian Frías, el radical José Bría, y el juecista Juan Pablo Peirone, en una presentación que se gestó en un proyecto que habían presentado con antelación las exparlamentarias justicialistas María Emilia Eslava y Noelia Brizuela.
En el proyecto se describió que se entiende como “defunción fetal a la muerte del feto, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo”. Ante esto se estableció que la persona gestante tendrá derecho a:
tomar contacto con el feto o cuerpo sin vida
la intimidad y a ser tratada en forma digna, respetuosa y humanizada, con particular atención a sus consideraciones personales, éticas, interculturales y de género
no ser sujeto de estudios, exámenes, tratamientos o intervenciones con propósito de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito
designar a quien la acompañe durante el proceso a que se respete su decisión de no ser acompañada
recibir apoyo post internación y atención médica y psicológica a través de un equipo multidisciplinario.
Una de las incorporaciones que tendrá la ley sancionada será la posibilidad de que la persona gestante “tendrá derecho a que se confeccione un certificado médico de defunción fetal, el que será extendido por el médico que constate el fallecimiento o que intervenga en la extracción del feto”.
Además, se podrá solicitar la realización de un estudio patológico del feto. Por lo que el establecimiento de salud conservará el feto por un plazo máximo de 40 días corridos desde el alta del paciente o una vez realizado los análisis, en caso de que sean solicitarlos. Vencido dicho plazo, la institución dispondrá del feto.
El proyecto estableció también que el certificado de defunción fetal contendrá como datos obligatorios la edad gestacional y sexo del feto, y si fuera verificable: nombre y Documento de Identidad de la persona gestante, entre otra información aportante.
Al respecto, la legisladora Fernández hizo hincapié en la fundamentación de la iniciativa en el recinto en el principio de humanidad y el respeto por la dignidad de las personas gestantes y sus familias. “Más allá del dolor buscamos garantizar un marco que permita transitar este proceso con respeto, sensibilidad y apoyo profesional adecuado”, dijo.
“Este proyecto no sólo es una solución normativa, es un gesto de empatía y reconocimiento hacia una realidad que no podemos ignorar”, resumió.
El radical Bría agradeció el trabajo en conjunto de las bancadas en un proyecto que tuvo el acuerdo de la mayoría del cuerpo legislativo. “Hemos trabajado este tema con mucho cuidado porque es un tema delicado, con respeto y dando un aporte también desde el sentido común y el humanismo”, expresó.
Luciana Echevarría, legisladora de la izquierda, se abstuvo al momento de la aprobación y fundamentó en el recinto por qué presentó un proyecto de su autoría más integral que atiende otros aspectos, como protocolo y sobre la muerte perinatal.
“Tendrían que haber abordado otros puntos, sobre la muerte perinatal como lo venimos planteando, pero fue ignorado. Deberíamos tener un protocolo, capacitación al personal de salud… derechos más amplios de lo que se da en este debate”, remarcó.
Durante el tratamiento en la sesión estuvieron presentes en el recinto el director general de Salud Reproductiva, Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Salud provincial, Daniel Cofone; la directora del Registro Civil de la Municipalidad de Córdova, María Belén Blanda; y la subsecretaria de Coordinación, Carolina Martín.La Voz