¿Hay razones para celebrar?

A lo largo de la historia los pueblos indígenas han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, han sido exterminados, despojados, expulsados de sus tierras y sometidos a procesos de asimilación e integración. Tan sólo una muestra de ello es el hallazgo de cementerios clandestinos con restos de 215 niñas y niños indígenas en una fosa común de un internado en Canadá en mayo pasado.

Por otro lado, hoy la desigualdad y la exclusión tienen rostro indígena. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en el mundo hay más de 476 millones de indígenas que viven en 90 países, lo que representa el 6,2 por ciento de la población mundial. Más del 86 por ciento de las personas indígenas, en comparación con el 66 por ciento de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal. Tienen, además, casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza y el 47 por ciento de las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente a un 17 por cinto de las no indígenas, brecha que es aún mayor en el caso de las mujeres. Lo anterior exacerbado por los duros efectos que la pandemia del Covid-19 tiene sobre grupos minoritarios e históricamente marginados y excluidos como lo son los pueblos indígenas.

Esta fecha es entonces especialmente importante para recordar que las necesidades, las demandas y la causa indígena no pueden quedar reducidas e identificarse con acciones aisladas o de ciertos grupos que, en la mayoría de los casos, nada tienen que ver con las necesidades y reclamos justos y legítimos de los pueblos.

Pero no todas son malas noticias. A lo largo de los años, ha habido avances en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Un ejemplo de esos avances, con un alto valor simbólico, lo encontramos en Chile, en donde la Convención Constituyente cuenta entre sus integrantes con 17 convencionales indígenas y en la cual la presidencia está a cargo de una mujer indígena del pueblo Mapuche, Elisa Loncon. A su vez, se ha comenzado a perfilar lo que será un proceso inédito de participación y consulta indígena para la elaboración del nuevo texto constitucional.

Aparecen entonces atisbos de esperanza de que estos pueblos, con su cosmovisión del mundo y del desarrollo, con su especial relación con sus tierras y territorios, con su identidad y diversidad cultural, con sus lenguas y conocimientos ancestrales, reciban al fin el trato digno y respetuoso que se merecen y sean parte de un nuevo contrato social que les permita vivir en condiciones de igualdad, de inclusión y no discriminación.