Perú tiene un ojo puesto en el escrutinio y el otro en el Congreso

El margen exiguo que separaba anoche a Pedro Castillo (Perú Libre) de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) hacía presagiar a los duchos en procesos electorales que el escrutinio del balotaje que se celebró el domingo último en el país andino podría demorar varios días más para contabilizar la totalidad de las actas de los comicios generales.

Tal como ocurrió en las presidenciales de junio de 2016. Aquella vez, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) tardó cinco días en completar el conteo rápido que consagró ganador a Pedro Pablo Kuczynski en su disputa contra Keiko Fujimori por el sillón mayor de la Casa de Pizarro; entonces, la diferencia final fue de unos 42 mil votos.

Vale recordar que cuando se complete el recuento oficial, quedará pendiente la revisión de las actas impugnadas y otros planteos promovidos por los apoderados legales de los partidos en pugna. Esta tarea estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo constitucional que tiene como finalidad fiscalizar la licitud del ejercicio del sufragio.

Los postulantes optaron por la cautela, a la espera de definiciones, aunque Fujimori reiteró que se hallaron “indicios de fraude”, lo que su espacio político “considera inaceptables”, aunque sin dar precisiones sobre las supuestas irregularidades.

Sin embargo, Rubén Ramírez, excanciller de Paraguay y jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú, felicitó al país por el desarrollo de los comicios en medio de la pandemia y la polarización política, y pidió que “las eventuales inconformidades se diriman por las vías legales a su alcance’’.

El JNE acreditó a 150 observadores de diversos organismos y organizaciones internacionales quienes, en términos generales, coincidieron en la transparencia de la compulsa, pese al centenar de incidentes menores denunciados el domingo, en su mayoría relacionados con propaganda indebida, como la inscripción de siglas de los partidos en disputa en el dorso de las boletas que se entregaban a los electores en las afuera de los establecimientos habilitados para sufragar.

Descartan fraude

La Asociación Civil Transparencia fue una de las instituciones que actuaron como veedoras del acto democrático. Su titular, Adriana Urrutia, descartó la existencia de “fraude sistemático”, maniobra que la candidata de FP atribuyó a partidarios de Castillo con “la clara intención de boicotear la voluntad popular”, según su interpretación.

Urrutia sugirió a los dirigentes políticos “valorar las palabras y las estrategias de confrontación que utilizan” a la hora de manifestarse de manera pública. “Es muy necesario que identifiquen el daño a la continuidad democrática que podrían causar en el corto y en el largo plazo”, dada la fragmentación partidaria y la división política en dos grandes espacios antagónicos en el país, que quedaron expuestas como nunca antes en las elecciones generales de este año, sobre todo luego del balotaje de final incierto de hace tres días.

Tendencia

Anoche, cuando se llevaban procesadas 97,8 por ciento de las actas correspondientes a las 11.800 mesas de votación, Castillo superaba a Fujimori por 129 mil votos.

Los analistas dan casi por hecho el triunfo del maestro del nivel primario, rondero campesino en su juventud y dirigente gremial activo.

Ahora, el interés del debate político está puesto más en el funcionamiento del futuro Congreso unicameral que en la consagración del próximo mandatario.

Se descuenta que el Parlamento peruano surgido de la primera vuelta electoral del 11 de abril tendrá una incidencia determinante en el gobierno del país sudamericano a partir del 28 de julio próximo, cuando asuman las autoridades electas.

Es que las 130 bancas del Congreso Nacional, que iniciará sus funciones en simultáneo con el presidente del Bicentenario en la fecha patria de referencia, estarán repartidas en 10 bloques partidarios; uno más que el surgido en la votación de las elecciones parlamentarias extraordinarias del 26 de enero de 2020 (tras la disolución constitucional del Parlamento) y cuatro más que los resultantes de los comicios de 2016.

Un dato relevante: ninguno de los partidos políticos que lograron superar el filtro del cinco por ciento de los votos válidos emitidos para aspirar al reparto proporcional de asientos en el cónclave tendrá mayoría propia. En consecuencia, la construcción de alianzas circunstanciales asoma como el ejercicio necesario y permanente que signará la labor parlamentaria desde el próximo período de sesiones ordinarias.

Perú Libre tendrá 37 escaños y Fuerza Popular, 24.

Los restantes 69 se reparten entre: Acción Popular (17), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Alianza País (7), Juntos por el Perú (5), Podemos Perú (5), Somos Perú (4) y Partido Morado (3).

Todo un desafío para el sistema republicano de gobierno en Perú, de fuerte tradición presidencialista, pero que, a la luz de los acontecimientos electorales que se suceden desde hace dos décadas, viene incorporando, de hecho, elementos propios del parlamentarismo. Dos maneras de organización política distintas no siempre (o casi nunca) susceptibles de una articulación armoniosa y constructiva.