Un fiscal concentrará las causas por abusos policiales contra mujeres y minorías
El fiscal Iván Rodríguez concentrará ahora las investigaciones por denuncias de abusos policiales en la ciudad de Córdoba que sean efectuadas por mujeres y minorías. Lo resolvió el nuevo fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, quien indicó dos causas fundamentales para tomar esta decisión: “Primero, el impacto que significa para la calidad democrática la existencia de casos sospechados de violencia institucional con intervención de las fuerzas de seguridad, especialmente aquellos que afectan a mujeres y personas pertenecientes al colectivo de la diversidad/disidencia sexo-genérica; y segundo, la necesidad de establecer un mecanismo ágil para la asignación de la investigación de estos casos durante las primeras instancias del proceso penal”.
La resolución de Delgado se tomó luego de la controversia al interior de los Tribunales 2 de Córdoba en torno a la grave denuncia que semanas atrás radicó una pareja de jóvenes, que denunció haber sido víctima de todo tipo de humillaciones y vejámenes por parte de un grupo de policías que la detuvo por haber violado la cuarentena.
Paula y Ayelén denunciaron que en los primeros minutos del viernes 16 de abril último, cuando regresaban en auto tras estar en un bar, fueron demoradas por la Policía. Lo que en un principio asomaba como un control por la cuarentena se terminó por distorsionar. Las jóvenes fueron detenidas y llevadas a Tribunales 2, donde recién al mediodía lograron la libertad luego de ser imputadas por una supuesta resistencia a la autoridad, siempre según la acusación que los policías le llevaron a la Justicia.
Ellas relataron que los policías se burlaron de que fueran lesbianas, que las trataron de “feminazis”, que también hubo comentarios sarcásticos sobre el uso de un lenguaje inclusivo, que las habrían fotografiado cuando a una de ellas se le cayó parte de la blusa, que fueron golpeadas, que les quitaron un celular y les borraron el video con el que estaban registrando el operativo, que estuvieron casi tres horas encerradas en un patrullero y varios maltratos más. Además, denunciaron que los policías le sacaron varias pertenencias de adentro del auto y que cuando 48 horas después lograron recuperarlas advirtieron que les faltaba un costoso perfume.
Esta denuncia cayó en un laberinto judicial. La Unidad Fiscal de Atención Inmediata (Ufai) las imputó por aquella supuesta resistencia a la autoridad, pero luego remitió ese expediente a la fiscalía ordinaria de Rubén Caro. De manera paralela, el fiscal José Bringas recibió la denuncia de las mujeres por los presuntos maltratos policiales. Estas dos causas recién se unificaron el viernes 7 de mayo, cuando el caso tomó estado público. Caro, que se quedó con las dos investigaciones, entendió que correspondía que actuara el Fuero Anticorrupción, ya que los denunciados eran policías, o sea funcionarios públicos.
Ante esto, el fiscal General Delgado resolvió que todas las causas de maltratos policiales en el que mediara violencia de género o discriminación sean investigados por el fiscal Iván Rodríguez.
En ese sentido, indicó mediante una acordada que se deberán remitir a la fiscalía de Rodríguez “para que investigue todos los casos en los que resulten personas aprehendidas y se den las siguientes características: 1.a. Se sospeche el ejercicio de violencia institucional por parte de personal de las fuerzas de seguridad; 1.b. La persona aprehendida sea mujer o pertenezca al colectivo de la diversidad/disidencia sexo genérica; y 1.c. La presunta violencia institucional sea ejercida por razones de odio, prejuicio o discriminación de género”.
Al respecto, Delgado citó la ley de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad que define a la violencia institucional como “toda acción u omisión que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica o sexual de una persona o de grupos de personas cuando dichos padecimientos sean infligidos por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana en el ejercicio de sus funciones”.
“A partir del marco normativo enunciado y en tanto representante del interés social, se torna imprescindible que el Ministerio Público Fiscal fije lineamientos claros de persecución penal que tiendan a identificar, investigar, sancionar y prevenir los casos de violencia institucional. Dada la multiplicidad de modalidades que puede adoptar la violencia institucional, es imprescindible establecer parámetros claros para poder identificar de modo preciso algunas de las formas más habituales en que se da este fenómeno. En particular resulta necesario abordar los casos de violencia institucional cometidos por Fuerzas de Seguridad sobre sectores de la población históricamente vulnerabilizados por el género, la identidad o expresión de género y la orientación sexual”, remarcó el fiscal General.