En 50 días, ya se registra la mitad de los femicidios que en todo 2020
En Córdoba, en dos meses de lo que va de 2021, ya se contabiliza la mitad de los femicidios que ocurrieron en 2020. En un mes y medio, siete mujeres perdieron la vida en forma violenta a manos de hombres en la provincia de Córdoba. La última fue Ivana Módica, cuyo cuerpo fue hallado ayer después de ocho días de búsqueda y de que el asesino confesó el crimen. En todo 2020 se contabilizaron 13 femicidios en el territorio. Del registro que lleva La Voz desde 2012, los femicidios en enero y en febrero nunca había superado los dos casos.
Además se investiga otra muerte de etiología dudosa en Córdoba Capital, la de Emilse Gajez. En las últimas horas del viernes también se encontró muerta en Alta Gracia a Marta Peralta Otonello, aunque aún no se conocen los motivos de su deceso.
A nivel país también hay un recrudecimiento de los casos, que ya suman alrededor de 49 en un mes y medio. El femicidio de Úrsula Bahillo, en la localidad bonaerense de Rojas, a manos de su expareja, oficial de la Policía. El caso conmocionó al país por la cantidad de denuncias previas que había realizado la joven de 18 años y porque el hombre también había sido denunciado por mujeres de su familia. Los cuestionamientos no se hicieron esperar. De los debates hacia dentro de organizaciones feministas y en las redes sociales se llegó a la firma de un petitorio que reunió más de 30 mil firmas y que fue acercado al presidente Alberto Fernández el jueves por la tarde.
Entre los puntos se encuentran: que se declare la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género y la coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial (juzgados y fiscalías) con fuerzas de seguridad y los municipios para abordar cada caso. También solicitaron la capacitación sistemática en todos los operadores de justicia, la puesta en funcionamiento de un sistema de alerta temprana donde se reúnan denuncias, tobilleras para monitorear a los agresores, la incorporación de la perspectiva de género en una futura reforma judicial. Otro de los puntos clave del petitorio es la efectiva implementación de la educación sexual integral y patrocinio jurídico gratuito para las denunciantes.
En Córdoba, los cuestionamientos de las organizaciones feministas apuntaban al Ministerio de la Mujer, que, entre las consignas de la marcha por Ivana, pedían la renuncia de Claudia Martínez. La Voz intentó comunicarse con la funcionaria, aunque sin éxito.
Ahora, a los cuestionamientos estatales también se suman estos interrogantes: ¿a qué se debe este aumento exponencial de casos en un breve lapso de tiempo? ¿Tiene explicación? Especialistas advierten distintos aspectos, aunque no poseen respuestas acabadas que expliquen este aumento de la violencia extrema por parte de los hombres en tan poco tiempo.
Para Betiana Cabrera Fasolis, representante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), el aumento de casos tiene que ver –entre otros factores– con la salida de la cuarentena o con la etapa de aislamiento por coronavirus. “En la cuarentena existieron muchas estrategias de solapamiento porque las mujeres tenían que compartir la casa con sus agresores, entonces tal vez tuvieron que ocuparse de solapar, de intentar que no existan conflictos. Si bien en la cuarentena no aumentaron los femicidios, sí, las violencias. Entonces, con la salida de las restricciones ahí se desnuda este fenómeno”.
Para Cabrera Fasolis, algo que ocurre tiene que ver con una respuesta de los agresores a ese empoderamiento de la mujer: “Es un problema gravísimo porque cuando nosotras nos organizamos y se visibiliza más la problemática y nos empoderamos es cuando ellos entienden que tienen que hacer su demostración de fuerza de poder”.
María José Carignano, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, también relacionó estos casos con el confinamiento vivido el año pasado. “Tengo la sensación de que lo que estamos viviendo es en parte consecuencia de lo sucedido el año pasado. Esto de estar encerrados generó más violencias puertas adentro, pero también relaciones más controladas, la mujer haciendo ese rol estereotipado que se espera de ella: estar en la casa, cuidar al marido y a los hijos. El día después de que esas puertas se abren, las personas que ejercían el control sobre ellas lo van perdiendo y responden con violencia”. Y agregó: “También hay un fenómeno que ocurre a fines de año y a principios de uno nuevo. Son momentos en los que se suele hacer una evaluación y balance de la vida, emprender nuevos proyectos, y a veces esto lleva aparejada la decisión de disolver relaciones que desatan ese poder de control del agresor”.
Cuestionamientos
Frente a esta situación han surgido además las críticas al sistema judicial y al acompañamiento limitado que brindan los estados para contener a la víctima. También, hacia las fuerzas de seguridad, que no están dando respuesta frente a sus miembros denunciados por violencia.
En el punto en que todas las especialistas coinciden es en el cambio cultural: si no hay una real toma de conciencia por parte de los varones y un involucramiento en frenar los distintos tipos de violencia que ejercen ellos o sus pares, sólo se podrá llegar con ayudas o con asistencia una vez que la violencia sucedió.
“Mucho se ha avanzado en materia de herramientas y recursos destinados a las víctimas para poder salir de las situaciones de violencia. Sin embargo, nada parece suficiente hasta que el verdadero cambio cultural genere un cambio en las actitudes violentas de los varones, el germen de esta problemática social”, explicó Cabrera Fasolis.
La mayoría de las víctimas no habían denunciado
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que realiza la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia, estableció que de los 252 femicidios directos (fueron 268 en total) ocurridos en 2019, el 90% conocía a su agresor y sólo 42 víctimas habían denunciado con anterioridad al hombre que finalmente las asesinó. Es decir, sólo un 18%.
De los siete femicidios de 2021 en la provincia de Córdoba, sólo dos, Liliana Stefanatto e Ivana Módica, habían acusado a su agresor por violencia de género. En el caso de Módica, luego de la denuncia volvió a convivir con Javier Galván –el piloto de la Fuerza Aérea que terminó siendo su matador– y se mudaron juntos a una casa en La Falda.
De los 13 casos de 2020 en la provincia, 11 fueron perpetrados por personas del círculo cercano a las víctimas, y de ellos sólo una había radicado una denuncia, Denise Vergara, que fue asesinada en Villa del Totoral por su pareja, Miguel Gutiérrez. Es decir, menos del 10 por ciento, una cifra aún inferior al promedio nacional.
Para las especialistas en la temática, esto se puede deber a dos causales: las personas no se reconocen como víctimas de violencia de género hasta que llega el peor desenlace y otras se reconocen pero no denuncian por miedo o por falta de credibilidad en las instituciones.
Ruth Ahrensburg, psicóloga y fundadora de Asociación ConVoz, Por una Vida sin Violencia, y Melisa Severina, abogada de la organización, indicaron que esta baja cifra puede deberse a varios motivos: “El desconocimiento de sus derechos, naturalizar los procesos violentos, temor para formular la denuncia, falta de confianza en las instituciones estatales, déficit en la evaluación del riesgo en la consideración de su denuncia o falta de credibilidad en su palabra”.
Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá, explicó: “Según el registro del Observatorio Nacional Mumalá, el 20% de las víctimas de femicidio tenía una denuncia, es decir, una de cada cinco. Eso significa que el 80% de las mujeres o no accede a los recursos de protección estatal o no confía en ellos o no sabe que existen”.
“La mayoría de los femicidios se dan en el interior provincial, a lo que se suman los posibles vínculos del agresor con la fuerza policial y la deficiente presencia del Estado y la formación de sus agentes con recursos de prevención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia. El Estado es responsable de habilitar los espacios y recursos para que los derechos humanos y los derechos de las mujeres tengan pleno cumplimiento”, analizaron Ahrensburg y Severina.
Cuando los agresores son varones parte de las fuerzas de seguridad
Según el registro de femicidios de la Corte Suprema, en el 8% de los casos de 2019 en Argentina, el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad (policías federal o provincial, militar o de seguridad privada). Son los casos estremecedores, en Córdoba, de Javier Galván, el aviador de la Fuerza Aérea que resultó ser el matador de Ivana Módica, y de Matías Martínez, el policía asesino de Úrsula Bahillo, en Rojas, provincia de Buenos Aires.
El Registro Nacional Mumalá detectó que en 2020 el 12% de los agresores pertenecía a una de esas fuerzas.
“Esto es significativo no sólo por el acceso diferencial a las armas, sino porque pertenecen a una institución que es un brazo de la Justicia: tienen acceso a la información, a un montón de cosas que otro ciudadano común no. Esto reviste mayor importancia y peligrosidad”, indicó Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá.
“Esto quedó muy en evidencia con el caso de Úrsula, cuyo femicida era policía y tenía múltiples denuncias de ella y de sus familiares. En la primer denuncia se podría haber intervenido, acompañado con todas las posibilidades de accionar como institución. No entendemos la negligencia de los ministerios de Seguridad provinciales y nacionales. Estamos hablando de una institución cerrada y verticalista en la cual se deben adoptar y prevenir una vida libre de violencias”, agregó Cabrera Fasolis.
Por su parte, Ruth Ahrensburg analizó: “La institución policial responde a un modelo patriarcal cuya estructura jerárquica vuelve más rígido ese modelo y se potencia esta característica en los miembros de sus filas, donde la portación de su arma le aumenta su posibilidad de poder sobre ciertas personas más allá de los valores y criterios judiciales”.
Tanto Ahrensburg como Cabrera cuestionaron que no se tuviera en cuenta este tipo de antecedentes en la admisión a la fuerza o en el accionar luego de reiteradas denuncias.
“En una institución cerrada debería ser más fácil de implementar un programa focal con perspectiva de género y de derechos humanos para evitar tener agentes violentos y también porque ellos accionan en cada uno de los casos cuando las mujeres denuncian. Por ejemplo, el que te lleva a tu casa para que saques tus cosas y te vayas después de una denuncia es un policía, o las que tienen que ir a hacer cumplir la exclusión del hogar son las fuerzas de seguridad”, concluyó Cabrera Fasolis.
Críticas a la Justicia: faltan celeridad y entrecruzar datos de los agresores
El femicidio de Úrsula Bahillo, perpetrado por su exnovio oficial de la Policía Bonaerense que había sido denunciado por ella en reiteradas oportunidades y también por sus familiares, evidenció las fallas que aún quedan por saldar en el proceso judicial en torno a los casos de violencia de género.
Si bien en los últimos años se han ido dando avances en la materia, como las unidades especializadas y la implementación de la ley Micaela, quienes siguen de cerca la temática advierten puntos concretos por mejorar para que se actúe con mayor celeridad y eficiencia frente a los casos de violencia.
Mayca Balaguer, abogada de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y miembro del Cuerpo de Abogadas Feministas (CAF), indicó que, en los casos que tiene que acompañar, las mujeres le manifiestan “muchas dudas sobre el proceso de la denuncia y quejas por la falta de privacidad al hacer una denuncia del ámbito íntimo y también por la demora del proceso”.
“Creo que a modo general lo que hace falta es mayor comunicación entre los fueros para detectar más rápido denuncias repetidas a un mismo agresor. También es necesaria esa integralidad con el Fuero de Familia para reclamar el cambio del régimen comunicacional o la cuota alimentaria ante un caso de violencia de género”, explicó Balaguer.
La abogada remarcó que muchas veces se hace buen trabajo por parte de los operadores judiciales, pero que muchas veces se ven sobrepasados por el volumen de causas que deben manejar. “Eso puede hacer por ejemplo que se olviden de responderte un pedido de prórroga de un botón antipánico, entonces va el policía a retirárselo a mi clienta porque el escrito quedó perdido entre mails que nunca se contestaron. Por suerte esa vez lo pude resolver, pero la pérdida de un papel en este fuero reviste otra importancia”, indicó.
“Hacen falta más juzgados, infraestructura, personal capacitado y recursos”, añadió. Tanto Balaguer como otras especialistas hicieron hincapié en la necesidad de que se hiciera también un seguimiento sobre el agresor, no sólo a la víctima.
“Hay que hacer más seguimiento al agresor. Es una oportunidad que tenemos como sociedad para que ese hombre denunciado revierta esa visión de esta masculinidad vinculada a la violencia y a una visión de poder frente a sus parejas. Si no hubo instancias intermedias, el Estado perdió esa posibilidad de reeducar y de resocializar”, indicó Betiana Cabrera Fasolis.
Balaguer se refirió a la necesidad de una respuesta integral de acompañamiento a la víctima, “si no, te dan una medida de restricción de acercamiento por seis meses; ¿y después?”, ejemplificó. Luego reconoció también la capacidad limitada de la Justicia. “La coerción del Estado llega hasta cierto punto”, afirmó, en referencia a la necesidad de generar políticas preventivas tendientes a un cambio cultural que promueva el cese de esa violencia. “Tenemos que poder identificar desde un comienzo cuándo hay violencia. La educación sexual integral (ESI) es una gran herramienta en ese sentido”.
María José Carignano, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, también hizo foco en la necesidad de acelerar los tiempos de la Justicia, de que las mujeres en el proceso tengan garantías y de que se reconozca la desigualdad de poder en la que está frente a su agresor. “También hace falta fortalecer el conocimiento de los derechos de las mujeres y que puedan reconocer lo que les está pasando, que no tengan vergüenza de hablarlo ”, indicó desde las experiencias que surgen en la atención a víctimas en el Polo de la Mujer, organismo que depende de la secretaría.
Para denunciar violencia de género
144 en todo el país
0800-888-9898 en Córdoba.
